Bueno, mejor y óptimo

Poco antes de aprobarse las reformas a la Ley de Hidrocarburos en el Senado de la República, Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. No cejan los emisarios del pasado en sus empeños por defender los intereses de sus amos, las empresas privadas, nacionales y extranjeras.

Así lo reconoció la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, al dar su voto en contra de la reforma y en defensa de las empresas afectadas. De los panistas no sorprende, esa ha sido su postura histórica; pero, de los priístas sí que causa escozor la traición a los principios que dieron origen al partido que los cobija y que primero se llamó Partido Nacional Revolucionario, en seguida Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional, esto es, el partido de las instituciones revolucionarias.

Las escaramuzas en las cámaras del Congreso son la parte visible de la guerra del petróleo que se libra en todos los confines del planeta bajo diversas denominaciones y al amparo de los más disímbolas causas, incluyendo las de naturaleza ecológica, que se presentan con una máscara amable; pero cuyos adalides no pueden ocultar la cola de lobos feroces. De hecho, el trafique del petróleo es el mayor mercado del mundo, no sólo por los colosales volúmenes de negociación que se hacen a diario a su alrededor, sino también por su liquidez, su gran volatilidad, y desde luego, por su carácter estratégico.

Un reciente análisis de Financial Times demuestra que dos empresas se beneficiaron con el conflicto bélico de Irak con contratos de al menos 72 mil millones de dólares, y la que más beneficios obtuvo fue Kellogg Brown & Root, la filial de Halliburton dirigida por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, con 39.500 millones de dólares. "En Irak, Estados Unidos contrató a más empresas privadas que en cualquier conflicto anterior y en muchas ocasiones había en el terreno más contratistas privados que militares". Los gastos con cargo a los contribuyentes, fueron para las grandes empresas privadas. 

La dominancia de los Estados Unidos en el mercado petrolero con la explotación no convencional de fuentes de gran potencial y la construcción de un oleoducto que atravesaría Canadá, se ha visto muy afectada por la crisis financiera y por la pandemia que ha obligado a un confinamiento que redujo las actividades de movilidad en todo el planeta, provocado que haya menos consumo de combustibles y, como resultado, más oferta que demanda de petróleo, con gran inestabilidad en los precios del barril.

Ello conduce nuevamente al discurso de las energía renovables cuya viabilidad se ha cuestionado de manera reiterada por sus características que les hacen técnicamente susceptibles a la intermitencia de las condiciones climáticas, de compleja ubicación geográfica, extremadamente costosas, dependientes de una complicada complementariedad, que incluye tiempos y parámetros armónicos para la trasmisión a través de las redes de distribución existentes y su falta de desarrollo técnico y tecnológico para tener almacenamiento. 

Si el presente y el futuro inmediato estuvieran satisfechos con la producción de energía a través de fuentes renovables y no contaminantes, el mercado petrolero no sería, como lo es, un polvorín a punto de explotar por los muchos intereses que se mueven a su derredor. Pero, como la supresión de los bitúmenes en la producción de energía eléctrica y de combustibles para la industria locomotriz no se ve a corto plazo, la solución para frenar el calentamiento global y la producción de gases de invernadero está en otras medidas más fáciles, más baratas, más racionales y muchísimo más benéficas para todos.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su discurso de cinco minutos en la Cumbre de Líderes por el Clima, es viable y racional. Propuso a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que permitirá ampliar a 4 millones de hectáreas la superficie sembrada con árboles frutales y maderables, que habría de derivar en la absorción de 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año y la generación de un millón 200,000 empleos, con lo que se desincentivaría la migración masiva hacia el país vecino.

Dijo: "Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social, ustedes, presidente Biden, podrían financiar este programa de vida".