Invasiones: los desalojos que faltan

A mediados de marzo de este año, con diferencia de días, fueron invadidos cuatro extensos predios ubicados en el oriente de la ciudad. Cientos de personas ingresaron y se acomodaron en los lotes que les asignaron quienes fraccionaron esos lugares.

A la fecha, las autoridades estatales, con el apoyo de la fuerza pública, sólo han desalojado dos de esos terrenos. 

De los que siguen invadidos, el que se ocupará para introducir la línea de drenaje que forma parte del proyecto de reconstrucción del Cárcamo 10, en las inmediaciones de la colonia Nuevo Amanecer, prácticamente está liberado porque los posesionarios empezaron a retirarse cuando la maquinaria de la empresa contratada para esas obras empezó a excavar en el sitio.

El otro, localizado frente al acceso del fraccionamiento Loma Blanca, cerca del puente internacional Reynosa-Pharr, sigue ocupado por familias que durante estos cuatro meses han mejorado notoriamente las condiciones en las que habitan ya que incluso tienen energía eléctrica.

El gobierno no puede permitir que la gente se establezca en forma definitiva porque independientemente de los derechos de particulares que se hayan vulnerado este tipo de acciones afectan el interés de la sociedad.

El Código Penal para el Estado de Tamaulipas establece diversas sanciones privativas de la libertad para quienes incurran en las conductas descritas en los “Delitos cometidos por fraccionadores”, que básicamente consisten en fraccionar en lotes un predio, propio o ajeno, sin contar con el permiso de la autoridad administrativa.

La tipificación de esos delitos está contenida en el Título Vigésimo Segundo del código, que se refiere a “Los delitos cometidos contra el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano”.  

Como se puede observar, con la adición de este capítulo, en febrero de 2008, se buscó proteger el interés colectivo inhibiendo la constitución de asentamientos irregulares que, señala el documento, “impliquen el surgimiento de peticiones respecto de su regularización”.

El propósito es frenar la anarquía que caracteriza el crecimiento de las ciudades del estado.  

Gran parte del rezago urbano que hay en Reynosa es consecuencia de la creación de decenas de ese tipo de asentamientos, cuyos habitantes, de distintas maneras, reclamaron servicios públicos básicos.

La fracción segunda del artículo 454 de la legislación penal señala que incurre en delito quien ‘‘por sí o por interpósita persona, sin contar con los requisitos y autorizaciones de urbanización, permita de propia autoridad en lote propio, la constitución de asentamientos humanos integrados por dos o más familias…”

Indica que se considera que hay consentimiento por parte del propietario “cuando teniendo conocimiento del asentamiento humano irregular, no denuncie el hecho ante el Ministerio Publico”.  

Se desconoce si los propietarios de este predio colindante con la colonia irregular “La Nopalera”, asentada a la orilla del canal Anzaldúas, presentaron denuncia por el despojo del que fueron víctimas pero aunque no lo hubieran hecho ello no es obstáculo para que las autoridades hagan valer la ley.

El estado debe imponerse para salvaguardar los intereses de la comunidad. Este tipo de asentamientos han sido, continúan siendo, un pesado lastre para la ciudad. Además no hay que perder de vista que la creación de colonias irregulares es un multimillonario negocio que beneficia a unos cuantos, pero que afecta severamente al resto de la población, que padece los estragos generados por esta actividad ilícita.