Fallas de origen

Este don Juan Pablo Gómez Fierro, juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones se ha hecho famoso por su empeño en otorgar amparos a diestra y siniestra; pero, siempre para proteger intereses particulares por sobre el interés general. Se siente el muchacho chicho de la película gacha y puede que lo sea; sus criterios, independientemente de que puedan ser avalados por sustentos jurídicos como normas establecidas, son más bien expresiones voluntariosas de origen.

Habiendo dejado claro que los poderes públicos dimanan del pueblo y se instituyen para su beneficio y que, aunque se reconoce el derecho de las minorías, en democracia debe prevalecer el interés de las mayorías, más cuando se trata de asuntos tan importantes como la recuperación del estado de derecho y la aplicación de la ley en todos los miembros de la sociedad, respetando las normas constitucionales que ha si mismos se han dado los ciudadanos con sus derechos y prerrogativas a salvo, habría que ver.

Como frecuentemente ocurre, el pez por su boca muere. En este caso, el propio juez al servicio de los intereses de la oligarquía, escribió, junto con otros dos, una tesis llamada Elaboración de proyectos de sentencia (amparo indirecto en materia administrativa), editado por Porrúa, en 2011. En ella dice tales tonterías que, desde el punto de vista gramatical, resulta una reverenda aberración. Dice; por ejemplo: "Se recomienda escribir lo más rápido posible, sin preocuparse de la corrección, estilo o puntuación, ya que sólo es un primer borrador". No lo dice una persona ignorante, sino uno que ha vivido en las aulas.

Con esa simple afirmación sería suficiente para descalificar todas sus acciones dentro del sistema de procuración de justicia, pues ya lo dijo magistralmente Thomas Mann: "Escribir bien es casi ya pensar bien, y de esto no hay mucha distancia a obrar bien. Toda civilización y todo perfeccionamiento moral ha salido del espíritu de la literatura, que es el alma de la dignidad humana y que es el espíritu de la política... Sí, todo eso no hace más que uno, no hace más que una sola y misma idea de potencia y es con un solo nombre que se puede reunir todo". El escrúpulo exige que ni en borrador se escriba mal.

Pero, bueno, ya pasando el pensamiento original de este juez que se atrevió a escribir un texto para que otros aprendieran a elaborar proyectos de sentencia, dice que: "Si un proyecto cumple con una adecuada argumentación, pero deficiente redacción o una redacción impecable, pero deficientes conocimientos sobre la materia, no se puede hablar de un buen proyecto de sentencia". Eso es tan obvio que resulta innecesario incorporarlo en un libro que se presupones con algún nivel de preparación técnica procesal. 

Ya puestos a decir cualquier cosa, habría que ver una de sus últimas resoluciones sobre la necesidad de identificarse para contratar el servicio de telefonía móvil. Dijo: "Dicho de otra manera, no se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor". La realidad contra la fantasía.

Pero, todavía más, al resolver el incidente de suspensión, dijo: "La reforma podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente". Desconoce así el uso del anonimato como una de las causales de la impunidad y quizá de aliento a la delincuencia.

Al invocar un criterio de la Suprema Corte: "Sería inadmisible desde un punto de vista constitucional interpretar la seguridad pública como una posibilidad de afectar los derechos de las personas, por el contrario, la seguridad pública no tendría razón de ser si con ella no se buscara crear condiciones adecuadas para que los particulares gocen de sus derechos y libertades". El primer párrafo del Libro Primero de El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, dice: "Me he propuesto investigar si existe dentro del orden civil alguna regla de administración legítima y segura, considerando los hombres como son y las leyes como pueden ser. En este examen procuraré unir siempre lo que permite el derecho con lo que dicta el interés, a fin de que no estén separadas la utilidad y la justicia".

Quizá este juez que pretendía enseñar, deba volver a las aulas para poder entender que siempre más será más que menos. Para superar sus fallas de origen.