¡Ahí está el detalle!

El sistema político mexicano llega a las llamadas 'elecciones más grandes de la historia' con una grave crisis en los aparatos electoral y judicial. Esto no es nuevo y ha sido tratado por relevantes juristas en foros, las aulas, en sesudos tratados y a través de los medios; pero, es evidente que ha campeado en ellos el criterio impuesto de los emisarios del exterior, hasta llegar a la judicialización de la política, que se cristaliza con la creación de dos órganos autónomos administrativo y contencioso: el CJF y el Trife.

Por aquellos años en que el gobierno y las cúpulas empresariales desplegaron una intensa campaña en favor del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, con el cual los mexicanos habrían de vivir como los estadounidenses, adquiriendo los mismos bienes y servicios producidos en una región integrada productiva y comercialmente, no faltó un comunicador de El Mañana que hiciera notar la gran asimetría en el desarrollo de las 3 naciones y el riesgo de que el beneficio fuera en un sólo sentido.

Lo mismo aconteció con los esfuerzos que se han hecho para la homologación de los sistemas de procuración de justicia, que no acaban de embonar porque parten de dos concepciones diferentes del derecho. Hasta antes del desaguisado del nuevo sistema de justicia penal, bien calificado como simple puerta giratoria, en los procesos penales importaba el resultado, no el procedimiento porque, el que es culpable, simplemente es culpable, aunque lo hayan mirado feo en el momento de su detención.

Aunque los resultados que se han observado en prácticamente toda la América Latina evidencian lo contrario, y aceptando que actúen de buena fe los organismos internacionales, especialmente de las potencias que buscan dominar al planeta, que invierten grandes cantidades de dinero y despliegan un elevado número de agentes para modernizar a los sistemas judiciales, electorales y policiales de las naciones en desarrollo; no puede haber buenos resultados, porque los orígenes de éstos son distintos.

En los Estados Unidos y en México, los ministros de la Suprema Corte son elegidos a propuesta del presidente de la República, por el Senado. La diferencia es que en el vecino país el proceso es tardado y meticuloso; las ternas deben estar integradas por jueces con una larga experiencia y amplios conocimientos que no se circunscriben al ámbito jurídico, además de una acrisolada solvencia moral. Es un escrutinio tan riguroso que en no pocas ocasiones se torna áspero; aquí, ya sabe el respetable.

La experiencia demuestra que debido a las deficiencias constitucionales, en México no se lleva un terso proceso en la designación de ministros de la Corte. Por un lado, el Senado carece de facultades para cuestionar al presidente sobre si las personas propuestas cumplen o no con el perfil idóneo; por otro, éste tiene amplia libertad para proponer a personas con un perfil eminentemente político, cercano a su estilo de gobierno, aunque no estén debidamente capacitadas para ocupar el cargo judicial.

Así quedó demostrado durante la última elección de magistrados, todavía con el sabor amargo de la designación de Eduardo Medina Mora (quien finalmente renunció para no ser investigado por su gran fortuna), cuando para elegir a los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de José Ramón Cossío Díaz, Juan Nepomuceno Silva Meza y Olga María Sánchez Cordero, las personas que se propusieron en las ternas no tuvieron el mismo grado de estudios, especialización, carrera judicial o ejecutiva ni reputación en la investigación y la docencia.

Los resultados han sido harto evidentes y todavía siguen respondiendo, como el perrito de la RCA Victor, al llamado del amo. Como no tienen nexo alguno, ni en la teoría ni la práctica, con la democracia, esto es el mandato popular, no se sienten comprometidos a responder en sus juicios y sus actos a la demanda de la gente de carne y hueso; siguen sirviendo a los poderosos intereses del capitalismo salvaje en que fueron formados, del que son parte, junto a los órganos autónomos y organismos de la sociedad civil.

La judicialización de la política fue un largo proceso iniciado en el 93 y culminado en el 2000, con las convenientes adecuaciones posteriores. Con ello se busca reducir el poder del voto popular mediante argucias antes, durante y después de los procesos comiciales. De hecho, ya se están curando en salud a través de los medios a modo. 

Olvidan que: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno" (Art. 39). Y que: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión..." (Art. 41).