A la vanguardia

Los avances que se han logrado en dos años de gobierno no se alcanzan a percibir con la claridad que resulta deseable, lo que incorporaría a un nutrido grupo de mexicanos de buena voluntad a la tarea de hacer de México un país de leyes y a humanizar la economía para que la cobija sea harto abrigadora y alcance para todos. Los logros han sido muchos; pero, indudablemente, lo más importante es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Destaca la reforma al sistema judicial que ha sido un gran logro.

La reforma al c Judicial, aunque incompleta, es tan positiva que una buena parte de los partidos de oposición, que con frecuencia tratan de obstaculizar las iniciativas que quitan fueros y privilegios a los poderes fácticos que tenían dominado al Anáhuac, votaron a favor. Según la crónica, el Senado aprobó con 83 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, la reforma al Poder Judicial que fortalece a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal de control constitucional y se dan pasos para erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces, magistrados y ministros, que se habían apoderados del sistema.

Pero, además, consolida la carrera judicial para todas las categorías, a la que se accederá mediante concurso de oposición. Ya nada de que los funcionarios del Poder Judicial llegaban al cargo por los compromisos con los gobernantes en turno; por servicios prestados a las camarillas del poder o como premio de consolación cuando eran desbancados de posiciones que tenían, que les habían prometido o a las que aspiraban por alguna razón. Además, se renueva la estructura para tener una justicia expedita.

Las voces de oposición esgrimieron argumentos tan absurdos y trasnochados, especialmente el de que la reforma fortalecía al Poder Ejecutivo, que sus propios correligionarios les dieron la espalda y de esta forma, al votar por la reforma, cumplieron con su deber como representantes del Estado mexicano. Con esta acción, México se pone, una vez más, a la vanguardia del proceso de transformación institucional que se propone en todos los foros mundiales, pues la crisis en los sistemas de justicia es planetaria.

Definitivamente, las dos instituciones que se han quedado ancladas en el pasado, retrasando la dinámica de un mundo globalizado y digitalizado, son la electoral y la judicial. De ahí que en diferentes países se estén generando grandes iniciativas de innovación sobre los servicios legales; por ejemplo, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos y Australia, en donde se están revisando las reglas, los esquemas de servicio y trabajo. Ni que decir que prevalece la visión de los jóvenes abogados y el uso de las tecnologías en la mejora de los servicios, lo que con innovación y automatización de procesos, reducen tiempos y costos.

De hecho, la tendencia global es a favor de los Mecanismos de Solución de Conflictos para tener una solución rápida y expedita de los diferendos. La añeja y absurda costumbre de convertir todo en litigio como una estrategia comercial de la profesión de abogados, es lo que está provocando la crisis en el sistema. El mundo legal busca soluciones para cambiar la fórmula que satura tribunales y no permite que exista una mejor y más pronta justicia. Ya no más embrollar la justicia y darle carácter pecuniario.

Por lo que corresponde a México la organización World Justice Project en la presentación de su Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020, señala que: "El Estado de Derecho es esencial para garantizar la seguridad, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible. En México, sin embargo, el fortalecimiento del Estado de Derecho sigue siendo un tema pendiente. Las situaciones de violencia, corrupción, e impunidad que afectan a millones de mexicanos son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven a una organización efectiva de la sociedad y el gobierno". Situación a todas luces innegable.

Además, señala que: "Los recientes cambios de gobierno a nivel local, estatal y federal presentan una oportunidad única para iniciar un proceso colectivo de consolidación institucional dirigido a fortalecer el Estado de Derecho en el país. Con esto en mente, el WJP presenta el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020, la segunda edición del instrumento más completo de medición acerca de la situación que guardan las 32 entidades federativas en materia de Estado de Derecho. El Índice ofrece nuevos datos organizados en ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal". La oportunidad señalada ya llegó.

La aprobación en el Senado en términos generales de la reforma, es el primer paso; de ahí tendrá que pasar a la Cámara de Diputados en donde pueden mejorarse los resultados a fin de avanzar más allá de lo que ahora se ha logrado, que, sin ser poco, aún resulta insuficiente para acabar con los vicios añejos.

Al respecto expresó el líder del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, que el compromiso con México: "Nos obliga a profundizar la reforma en materia judicial hacia afuera, porque quedan intactas las redes institucionales de corrupción, las redes institucionales de complicidad; quedan intactas las distintas fórmulas de traficar influencias y quedan intactos todavía los sueldos y salarios de magistrados y ministros que están colocados en un estatus por encima de los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo".

El camino por recorrer es aún largo, sinuoso y penoso; pero, con la aprobación de la reforma del viernes pasado, se ha logrado iniciar el proceso que pone al país en la delantera en cuanto a la solución de la problemática que enfrentan los sistemas judiciales a nivel internacional.