Salen a buscar el voto popular

Aspirantes al Poder Judicial de Tamaulipas iniciaron ayer la campaña.

Este domingo iniciaron las campañas de los 330 candidatos a jueces y magistrados para renovar el Poder Judicial de Tamaulipas (PJTAM) con indiferencia del electorado, dinero limitado y con alertas de violencia para los participantes por el riesgo de intromisión de grupos criminales.

Serán 60 días de campañas, pero desde el primer minuto los candidatos inundaron las redes sociales para solicitar el voto del electorado tamaulipeco para llegar a ocupar los cargos más importantes de la abogacía.

También se dio en campo con el arranque de la candidata a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, en el Hemiciclo a Benito Juárez en el Poder Judicial, así como Ivette Salazar Márquez, candidata a magistrada supernumeraria, con un recorrido en el tianguis de la Avenida de La Paz y el Libre 17.

Así como la candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Dellanira Trujillo, en el Libre 17; otro más como el candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tamaulipas, Oscar Díaz Sánchez, que sostuvo una reunión con colonos del fraccionamiento Campestre.

Será la primera vez que los tamaulipecos eligan a través del voto directo a sus jueces y magistrados, ya que estos cargos eran postulados por el gobernador del estado en turno. Las campañas iniciaron este 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo.

Pero eso no significa que será más fácil, porque es un proceso electoral diferente y los candidatos deben buscar que los ciudadanos salgan a votar y lo hagan por ellos en una boleta llena de nombres y números y, lo peor, con recurso limitado que no debe superar los 954 mil 405 pesos. En esos 60 días estará prohibido que reciban recurso público o privado, es decir, todo debe salir de sus bolsillos.

Tienen el tiempo y el dinero en contra para convencer a las personas para que voten por ellos el primero de junio, en un estado donde sólo cinco de cada 10 salen a votar cuando se eligen cargos como presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores o presidentes de la República, que son mucho más conocidos. El reto al que se metieron, ahora deben resolverlo.

Al principio se recibieron 352 registros de candidatos a magistrados y jueces, pero en las últimas semanas se bajaron de la contienda 22, de los cuales 18 fueron renuncias definitivas y cuatro parciales.

De acuerdo con los registros del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), las renuncias de los aspirantes a candidatos se dieron en los distritos de mayor violencia en el estado como Reynosa, Río Bravo, y Jaumave, quienes buscaban un cargo en la rama penal, civil y familiar.

En esta contienda se elegirán a 10 magistraturas del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del PJTAM, una magistratura supernumeraria, tres magistraturas de salas regionales del Supremo Tribunal; y cinco magistraturas del Tribual de Disciplina Judicial, dando un total de 19 magistrados y magistradas.

En la rama de los juces, se elegirán a 108 que pertenecerán a la primera instancia, y 20 jueces menores, que se encagarán de las materias Penal, Civil, Familiar, Laboral, Ejecución de Sanciones; del Tribunal Electrónico Familiar, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, entre otros.

EL CRIMEN TAMBIÉN LOS OBSERVA

Un mapa de riesgo de violencia político-criminal en las elecciones para renovar el poder judicial a nivel estatal, coloca a Tamaulipas como uno de los estados de mayor riesgo para los candidatos a jueces y magistrados.

El estudio y análisis elaborado por México Evalúa, determinó que Tamaulipas, junto con Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, son las entidades del país donde los abogados están en la mira de grupos criminales.

"Los procesos electorales se han convertido en un medio para que poderes fácticos (políticos, económicos o sociales, incluido el crimen organizado) impongan sus intereses. Existen diversos mecanismos por medio de los cuales estos poderes fácticos pueden incidir en los procesos electorales. Entre ellos: la imposición de candidaturas, la financiación ilícita de campañas, la movilización del voto o la intervención en casillas", advierte el informe.

Las vulnerabilidades para los candidatos en Tamaulipas se debe a que las organizaciones criminales se disputan la entidad como es el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el CDN, Los Metros, Los Escorpiones/Ciclones, Los Rojos, y otras células del CDG y de los Arellano Félix.

Estas disputas se concentran en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, Altamira, Madero y Tampico.

"Los mercados en disputa son el tráfico de armas, de precursores, de migrantes, de combustible, la pesca ilegal, narcomenudeo y trasiego de drogas".

En ese contexto, advierte que los jueces penales de primera instancia estales son particularmente vulnerables, de ahí la importancia de que la protección debe estar a cargo de corporaciones policiales con el menor grado de captura por parte del crimen organizado, como la Guardia Nacional. 

"Las corporaciones locales pueden participar previo diagnóstico de riesgos. La protección debe ser proporcionada de forma expedita a iniciativa de las autoridades electorales y de seguridad y justicia, o bien, a petición de las potenciales víctimas", también señala que es indispensable dar seguimiento y que no queden impunes los casos de violencia contra personas candidatas a cargos jurisdiccionales y una vez que éstas asuman sus funciones.