Todos los males vienen de...

Cada día pareciera que no puede avanzar más el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos y cada día vienen a ocurrir hechos que superan la más fantasiosa imaginación. Parece que el acontecer de este país estuviera siguiendo un guión escrito por Leonora Carrington, creadora singular en la literatura y las artes plásticas, cuyo ingenio y creatividad podría compararse a las de Carrol o Kafka. Pero, luego, de debajo de las piedras aparecen los causantes de estos desaguisados que no son mágicos, sino trágicos. 

El Ratón Macías aseguraba que sus triunfos se los debía a su mánager y a la Virgencita de Guadalupe, ora habría que decir que todos los males que padece el Anáhuac se deben a las graves pifias del sistema judicial, cuyos integrantes no alcanzan a entender ni asimilar las reformas al artículo 1°. constitucional, del 10 de junio de 2011, que abre nuevas posibilidades de interpretación y aplicación del derecho que rebasan la obligación de aplicar exactamente las leyes como ocurría durante la época legalista.

Cabe recordar: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno (Art. 39). El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal" (Art. 40).

De esta forma, el Poder Judicial de la Federación es el Poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás Poderes. Los integrantes de este Poder son, entre otros, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Magistrados de los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios) y los Jueces de Distrito, con sus respectivos ámbitos. 

Ellos son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes; resolver las controversias entre particulares, cuando se trate de asuntos de competencia federal; intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales, y resolver conflictos entre autoridades. Para ello se vale de diversos medios, entre ellos, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Cabe señalar que todos los medios dichos incluyen entre sus fines, de forma relevante, el bienestar de la persona humana.

Así, el sistema judicial debe resolver garantizando en todo tiempo a la persona la protección más amplia, contenida en el artículo 1°. de la Constitución. Si, en efecto, el principio pro persona exige ir en busca de la interpretación más garantista, entonces existe la posibilidad de que ese resultado no derive de una interpretación literal de la ley. Ahí es cuando los encargados de procuración y administración de justicia han fallado, pues, escudados en la ley, se pronuncian contra los intereses de las personas.

Tanto los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los magistrados de circuito y los jueces de distrito, provienen de la noche oscura del capitalismo salvaje y tienen una formación legalista que contraviene las disposiciones constitucionales. Por ello fallan en contra de las resoluciones con las que se busca acceder a la justicia social con pleno ejercicio de la democracia. Tan cerrados son en sus juicios, que aún sabiendo el perjuicio que causan al país ya los paisanos, persisten. 

El modelo neoliberal, desde luego, va más allá de la economía y se expresa en la política y en el derecho. Los poderosos del mundo requieren de sistemas jurídicos y de Estado compatibles con el modelo neoliberal. Por tanto, existe un modelo jurídico e institucional del neoliberalismo que proporciona servicio a los dogmas neoliberales para que los más ricos, el 1% de la población mundial, se siga distanciando social, económica, política y jurídicamente, del 99% de la población más pobre del planeta. En el Estado de derecho se entiende que el ordenamiento jurídico está para proteger a los débiles de los poderosos. El marco jurídico del neoliberalismo y la globalización hace lo contrario: transfiere las riquezas de los pobres a los ricos, privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. 

Las grandes corporaciones económicas no actúan exclusivamente en el ámbito de la economía de mercado; sino que, con su poder económico determinan el funcionamiento de la política, e instrumentalizan en su provecho a las instituciones y a las normas jurídicas.

Por ello, el sistema judicial es, como la Caja de Pandora, el causante de todos los males del Anáhuac.