Impunidad: el cuarto poder  

Por aquellos tiempos, se hablaba de la prensa como el Cuarto Poder, luego de los tres que conforman los Supremos Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; ahora, que la fama de pillo es la puerta grande de acceso la abundancia, el cuarto poder ha venido a ser la impunidad, que se adquiere mediante la fórmula simple de tener contento al sistema de procuración y de administración de justicia y pagar elevados emolumentos a abogados que conocen el negocio. Muchos de ellos muy famosos.

Los ejemplos menudean, desde los ladrones de cuello blanco, cuyas bribonadas jamás han sido percibidas por la autoridad no obstante perpetrarse a ojos vistas y con todas las agravantes posibles, hasta los delincuentes que se han hecho de mulas a la mala y ni quien los toque ni con el pétalo de una rosa. También por épocas muy pretéritas, se decía que la ociosidad era la madre de todos los vicios; ahora, bien se sabe y se puede comprobar sin problema, es la impunidad la raíz de todos los males.

Los siervos de los dueños de los grandes capitales, personajes que son de sobra conocidos, se han convertido en jueces, administradores, recaudadores, legisladores, jefes políticos, etc. Resulta que la concentración del poder económico y político es lo que ahora se entiende como democracia, en sentido totalmente opuesto a la idea que tuvieron los griegos en la Edad Antigua y los franceses en el Renacimiento. De esta suerte, el poder político se anquilosa, lo que da lugar a la privatización de funciones públicas en beneficio de una minoría de privilegiados, cuyos caudales siguen creciendo.

Esta circunstancia tuvo un origen claro y preciso: la destrucción del Estado mexicano por parte de Carlos Salinas y su camarilla de facinerosos. Primero, la reforma al Artículo 27 constitucional para posibilitar la privatización de los ejidos, que eran propiedad social; luego, la cena de los 30 de 25, por medio de la cual privatizó las más boyantes empresas del Estado mexicano para ofrecerlas en subasta a los más ricos del país, quienes debieron aportar un fondo inicial de 25 millones de dólares para entrar en la jugada que luego habría de convertirlos en parte de los más ricos del planeta.

El tercer paso fue aplicar el mecanismo clásico del capital para apropiarse de la plusvalía en el sistema productivo, que no es otra cosa que la explotación de la mano de obra que existe en el mercado formal y también en el informal. Se mantiene la división sexual del trabajo mediante las cadenas globales de cuidados y trabajo reproductivo realizado gratuitamente por las mujeres, con el agravante de que ahora en una gran medida, las ejecutan las mujeres migrantes, pobres entre los más pobres.

En ese sentido, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, etc. son efectos propios del modelo neoliberal que sitúa la precariedad en el centro de las relaciones laborales. Además, esta explotación viene acompañada de fenómenos emergentes, como la trabajadora o trabajador inerme, un fenómeno que se ha tornado habitual en América Latina y en África; pero que también empieza a manifestarse en otras regiones, aún desarrolladas, mediante la simple fórmula de ´si no te gusta, vete´.

Por ello, cuando un gobierno elegido por abrumadora mayoría democrática busca paliar los efectos del neoliberalismo y contener los abusos que se han venido perpetrando al amparo de la más atroz impunidad, los personeros de los poderes económicos y políticos, sacan las garras y pretenden aplicar la ley, no en el sentido preciso que indica el espíritu constitucional; sino con argucias legaliodes para evitar que se cumpla la tarea de volver a México a la senda del crecimiento con desarrollo.

La sustitución de instituciones democráticas por instituciones tecnocráticas y la aprobación de técnicas y procedimientos que evalúan los derechos en función de su eficacia económica, además, provocan que las legislaciones se impregnen de oscuridad y confusión normativa y que el Poder Judicial se convierta en un mecanismo de control, echando por tierra cualquier iniciativa en favor de la ciudadanía. 

Esto no ocurre sólo en México, la protección de intereses particulares, el secreto y la opacidad son elementos constituyentes del nuevo Derecho Corporativo Global y forman parte de su metabolismo funcional, muy alejados de la gente, de la economía productiva, de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida que se engrandece con el adjetivo de digna.

En síntesis, es el gobierno, aliado a los ciudadanos, quien se enfrenta a los poderes fácticos escudados en la ley y las instituciones creadas para proteger corrupción e impunidad, el 4º. poder que ha venido a ser el cáncer que corroe las entrañas de la patria.