O cabresteas o...

El futuro del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte pende un hilo, o más bien, como en la leyenda de la espada de Damocles, de la crin de un caballo. Lo que en un principio fue una insinuación, luego una recomendación, finalmente una exigencia; ahora, es una condición sine cua non: o se elevan los salarios de los trabajadores y se mejoran las condiciones laborales en México, o los dos socios dicen simplemente abur.

En una declaración que incluye una carta firmada, el 23 de enero pasado, por más de 180 congresistas americanos, dirigida al representante comercial de los EU, Robert Lighthizer, quedó de manifiesto que si México no deja de reprimir los salarios de sus trabajadores, ello no sólo será un obstáculo para la renovación del TLCAN; sino, será una sentencia de muerte para cualquier acuerdo que pudiera presentarse en el Congreso.

Los representantes Bill Pascrell, de Nueva Jersey, y Sandy Levin, de Michigan, fueron harto explícitos cuando manifestaron que: "Los derechos laborales en México no son un tema que pueda eludirse", señalando que es un asunto fundamental para alcanzar un nuevo acuerdo; de lo contrario, el Congreso de Estados Unidos no lo aprobará. No lo aprobará porque existe una idea arraigada de que México incurre en dumpin laboral.

Los menguados representantes huehuenches en las negociaciones del Tratado no sólo no pueden negar esa percepción; sino que, hasta fechas muy recientes, era un timbre de orgullo gritar a los cuatro vientos la oportunidad que significaba para los hombres de negocios la mano de obra barata, rayana en los niveles de la subsistencia. Con 88 pesos, ¿quién puede comer tres veces al día como establecen los cánones de la salud?

Todavía, ayer, el secretario del Trabajo (?), Roberto Campa, aseguraba que "existen grandes nubarrones; pero, pronto se habrán disipado y el tema laboral no será un obstáculo para que se pueda concretar el acuerdo". Igual que Videgaray y Guajardo, no tiene ni la menor idea de lo que habla. Dijo lo que dijo luego de afirmar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no ha emitido ningún laudo que determine que el dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, tiene que pagar 55 millones de dólares a los trabajadores por un (disque) Fideicomiso Minero.

Por su parte, el presidente de la mayor federación de sindicatos de los Estados Unidos AFL-CIO, Richard Trumka, se pronunció en contra de la iniciativa presentada por el PRI en la Cámara de Senadores con la que proponen eliminar las restricciones a la contratación de personal por outsourcing, lo cual implicaría que todos los empleados de una empresa podrán ser contratados bajo este esquema. Expresó que con ello: "se limitaría la libertad de asociación y promovería el trabajo precario, circunstancias que probablemente harían que los salarios mexicanos fueran aún más bajos". ¿Más aún?

Pero, la exigencia de incremento salarial, el mejoramiento de las condiciones laborales en general y, de las mujeres en especial, así como todo lo relacionado con los derechos humanos, con ser tan importante, no es lo medular. Al aspecto esencial lo trajo a flote Deborah Greenfield, Directora General Adjunta de Políticas de la Organización Internacional del Trabajo, quien explicó que: "En un contexto económico en el cual una menor demanda da lugar a precios más bajos, la disminución de los salarios podría ser causa de gran preocupación, ya que podría aumentar la presión sobre la deflación". Simple: sin poder de compra, no hay consumo, ni demanda ni producción.

Por ello recomendó medidas posibles que incluyen reglamentar o autorregular los salarios de los ejecutivos, promover la productividad de las empresas sostenibles y hacer frente a los factores que conducen a la desigualdad salarial entre los trabajadores, tanto hombres como mujeres.

Recomendaciones a cumplir, con o sin tratado; ese tratado que pende de un pelito.