La piedra de toque de la justicia social

Ayer se cumplieron 104 años de la promulgación de la Constitución de Querétaro, la carta magna más avanzada de su tiempo en todo el planeta, que sirvió de modelo e inspiración para otros pueblos que aspiraban a la justicia social luego del prolongado periodo del liberalismo económico que creó los grandes emporios a base de la explotación del ser humano y de los recursos que la naturaleza le provee para una vida más segura y cómoda, desde la cual cada quien cristalice su vocación en bien de los demás.

Las propuestas eran simples, lógicas y viables desde el punto de vista humanista: Democracia con justicia social, esto es que como reza el Artículo 39: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno", y que todas las acciones de ese gobierno popular garanticen la igualdad de oportunidades.

Además, Nacionalismo revolucionario, con lo que se buscó poner freno al expansionismo tanto de las potencias imperialistas como de empresas que dominan amplias parcelas de los sectores económicos a nivel global y, por lo tanto, tienen capacidad para imponer patrones culturales, sociales, políticos y económicos que respondan a sus intereses en detrimento de la identidad de los pueblos y de sus modos de vida enraizados en su afán por armonizar y corresponder a la naturaleza que les rodea y sustenta.

Y, desde luego, la Economía mixta con rectoría del Estado, lo que implica que tanto el gobierno como la iniciativa privada deben caminar unidos los caminos que conduzcan a un crecimiento con desarrollo buscando siempre el beneficio mayor. Ni la prevalencia del capitalismo salvaje que va en pos de la utilidad aunque eso signifique destrucción, explotación y muerte; pero, tampoco una economía estatizada que ahogue desde la concepción toda iniciativa privada. La rectoría del Estado permite una regulación adecuada de los factores de la producción para que no crezca la brecha de la desigualdad.

Donde más prendieron las ideas de la Revolución Mexicana, plasmadas en la Constitución del 17, fue en Europa y Asia. Los Países Bajos y Japón conservan mucho de su esencia; en cambio, en Estados Unidos se generaron fuertes corrientes de oposición y llamados a acabar con 'los revoltosos'. La mayor presión la ejerció la prensa norteamericana y, de manera especial, el gran emporio mediático de Randolph Hearst, el inventor de la prensa amarillista y gran terrateniente de suelo mexicano petrolero.

Históricamente famosa es la respuesta del secretario de Estado, Robert Lansing, a sus constantes demandas: "Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma Presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho", fechada en febrero de 1924.

Cumplida la recomendación de Lansing, México ha dado marcha atrás a los principios constitucionales y se ha convertido en un paraíso de las empresas transnacionales que han encontrado mano de obra extremadamente barata, rayana en la explotación laboral; regulaciones industriales laxas o francamente inexistentes; sistemas fiscales que favorecen la concentración de la riqueza en perjuicio del Estado y su tarea de velar por el interés social; y una colosal masa de consumidores cautivos que compran malo y caro.

Cuando el gobierno, en cumplimiento de la ley y de la demanda popular, busca poner freno a los abusos del capitalismo salvaje que ha propiciado la aparición de una cúpula de nuevos súper millonarios que no han creado ni inventado nada, emergen las resistencia y, nuevamente, vienen del norte les presiones, las protestas y los pronunciamientos como el que recién hizo público Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de EU, en el sentido de que la Reforma Energética "presentada ante el Congreso de México esta semana es profundamente preocupante". Sí, para ellos.

Porque, para los mexicanos significa la recuperación de la rectoría del Estado en un renglón que la Constitución considera estratégico para el desarrollo nacional, como quedó establecido en el T-Mec: "Capítulo 8.- Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicano de los hidrocarburos.

1. Según lo dispone este Tratado, las Partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. 2. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que: (a) México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y (b) México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Con ello, en el nuevo tratado comercial se reconoce la rectoría del Estado en materia energética y se da un portazo a las presiones de dentro y de fuera que pretenden anteponer el interés particular al interés colectivo.

Más de un siglo después, el espíritu de la Constitución del 17, recobra vigencia para ir en por de la justicia social, que no es otra cosa que el reparto equitativo de los beneficios que aporta el racional aprovechamiento de los recursos que provee la naturaleza.