Quien esté libre de culpa

"Quien esté libre de culpa... que tire la primera piedra", dicen los evangelios respecto al relato de la mujer adúltera. La Biblia narra que, -ante esta frase de Jesús-, todos los acusadores se retiraron, dejando sola a la acusada, en reconocimiento a no tener la conciencia totalmente limpia como para juzgar a la pecadora.

En contraste, si hoy aplicásemos esta analogía para describir lo que está sucediendo en contra de Alejandro Moreno —presidente del PRI—, vemos que con cinismo los acusadores —gobierno y dirigentes de Morena—, no resistirían una investigación patrimonial exhaustiva en su contra, pues la política en México está llena de abusos, aunque unos hayan cometido más y otros menos.

Sin embargo, los acusadores —envalentonados por el poder—, hacen linchamiento con rudeza sádica, como si ellos estuviesen libres de culpa. 

Sin pretender absolver a Moreno Cárdenas respecto de las acusaciones que enfrenta, es evidente es que esta denuncia es un acto de represión gubernamental ejercida en contra de los opositores.  

Representa una intimidación abierta dirigida a todos los demás dirigentes partidistas que se opongan a los deseos presidenciales, o no acepten colaborar con él. Es una campaña de terrorismo político que no sólo denigra a nuestra democracia, sino que la pone en riesgo. El gobierno de la 4T no sólo quiere exhibir al presidente del PRI, sino fincarle cargos que ameritan prisión, con lo cual pretenden nulificarlo de facto, quitándolo de enfrente.  

Que a partir de un juicio mediático y manipulado vaya sobre Alito todo el peso de la justicia y en contraste, a los cercanos al presidente se le diluyan los cargos, es lo cuestionable y éticamente reprobable. Esto significa la utilización de la justicia para un beneficio político, lo cual es ajeno al principio universal de imparcialidad en la aplicación de la ley.  

La narrativa presidencial del combate a la corrupción representa la oportunidad de ejercer manipulación jurídica para doblegar a sus adversarios. 

En la opinión pública —así como en la prensa—, ya existe un veredicto en contra de Moreno Cárdenas. Sin embargo, se pasa por alto que la interpretación moral y ética de los actos atribuidos a Alejandro Moreno —que sin duda son graves—, se ensucian por la forma en que los impartidores de justicia hoy están utilizando la ley para lograr fines ajenos al principio moral que debe pretender la justicia. 

Podemos aventurar la sospecha de si los gobernadores de PRI, PAN y PRD que han sido relevados por candidatos de Morena durante las elecciones del 2021 y 2022 no recibieron la amenaza de "premio o castigo", para facilitar el triunfo del candidato del partido gobernante, o enfrentar una carpeta de investigación en su contra.  

¿Esta es la nueva democracia?... seguramente estilo 4T: premio o castigo. 

Morena se está convirtiendo en la reencarnación del viejo PRI autoritario del siglo XX. 

Definitivamente, la única forma de poner un contrapeso a esta nueva visión democrática de la 4T es fortalecer el "fuero constitucional" de los legisladores. También ampliar su protección a los cargos que se ejercen en el poder ejecutivo —tanto federal como estatal—, que puedan ser sujetos a presiones por parte de una autoridad superior. 

Esta protección constitucional se debe ampliar también a consejeros del INE, el TRIFE, INAI, CNDH e instituciones que se puedan enfrentar a controversias electorales o legislativas, —de modo tal que—, exceptuando delitos graves del Código Penal, las faltas administrativas como enriquecimiento ilícito, delitos fiscales o acciones equivalentes a corrupción, sean protegidas a través de la inmunidad del fuero constitucional.  

De no blindar con fuero constitucional —fuerte y poderoso—, a los tomadores de decisiones, las instituciones de México corren el riesgo de quedar vulnerables frente a conductas autoritarias del Poder Ejecutivo. ¿A usted qué le parece? (Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación)

Twitter: @homsricardo