Por qué es estratégico el litio
El litio está de moda. Pero sin una discusión sobre sus implicaciones y viabilidad, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Minera del presidente López Obrador que "estatiza" el litio.
La iniciativa que pasó al Senado de la República contempla cuatro aspectos: reconoce que el litio es patrimonio de la nación. Declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. No se otorgarán concesiones para estas tres actividades. Las tres cadenas de valor se administrarán y controlarán a través de un organismo público descentralizado.
El litio es un mineral estratégico para la transición energética: el cambio de sistema energético basado en combustibles fósiles, emisiones de carbono y altamente contaminante, a otro modelo basado en fuentes renovables como la energía solar y eólica.
El litio también es estratégico para la fabricación de automóviles eléctricos y dispositivos electrónicos de alta tecnología. El principal uso del litio (39%) es para la manufactura de baterías eléctricas. Éstas se utilizan en smartphones, laptops y cámaras digitales. También para satélites y más recientemente para las baterías de los autos eléctricos, además de la energía nuclear y en medicamentos para el tratamiento de la depresión, porque el cerebro requiere de ciertas dosis de litio para no deprimirse.
Reconocer en la iniciativa que el litio es patrimonio de la nación era totalmente innecesario. El artículo 27 de la Constitución ya señala que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales y minerales.
Declarar de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio implica limitar la propiedad privada en beneficio de la colectividad. Sin embargo, la utilidad pública es el fundamento para la expropiación de un bien o recurso y requiere indemnización por mandato constitucional.
El litio será controlado por un organismo público descentralizado. Independientemente del enfoque estatista de la iniciativa, el principal despropósito de la reforma es que no se otorguen concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para explorar, explotar y aprovechar el litio, incluso de propiedad estatal.
Las empresas públicas -controladas directamente por el Estado- que se creen para tal fin, requerirán necesariamente de una concesión para explorar yacimientos de litio y/o explotar el mineral.
El litio estaba mencionado en la reforma energética del presidente AMLO, rechazada por el bloque opositor. Los artículos transitorios de la fallida reforma constitucional señalaban que las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado no amparaban la explotación y producción de litio. Pero aclaraba que a las concesiones ya otorgadas para exploración de litio no se les aplicaría esa restricción.
La iniciativa de Ley Minera es más radical y confusa. No habla de cancelar o retirar concesiones para exploración de litio, pero menciona la utilidad pública y que no se otorgarán concesiones.
Un documento de la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía explica que México no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación. Pero en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos.
El Anuario estadístico de la minería mexicana 2019 detalla que en 2018 las exportaciones de litio realizadas por México ascendieron a 652 mil 472 dólares. En cambio, las importaciones fueron por tres millones 823 mil 898 dólares. Existe un déficit.
La empresa china Gangfeng Lithium opera en México y es el principal productor de litio del mundo. En 2021 adquirió la compañía inglesa Bacanora Lithium, que a su vez controla Sonora Lithium, un proyecto de arcilla de litio en ese estado de la República. En 2023 espera exportar litio a los fabricantes estadounidenses de autos eléctricos. ¿Qué pasará con esa empresa de propiedad china?
