¿Le importa al Senado el Consejo de la Judicatura?

El Senado lleva cuatro meses sin designar al consejero o consejera de la Judicatura federal que sustituirá a Loretta Ortiz, quien dejó ese cargo en noviembre pasado cuando fue nombrada ministra de la Suprema Corte. Después de que el pasado 13 de diciembre la Comisión de Justicia del Senado emitiera un dictamen para avalar la elegibilidad de los 21 candidatos y candidatas que se habían postulado para el cargo, parece que la Junta de Coordinación Política no ha logrado llegar a un acuerdo para poner a un finalista a consideración del Pleno del órgano legislativo. El proceso, por ello, está detenido.

Esta suerte de parálisis no es excepcional en el Senado. En 2014 el propio Consejo de la Judicatura lo instó a realizar dos designaciones que tenía pendientes –una de ellas desde hacía más de dos años–. La situación era límite: el Consejo ya no contaba con el quórum necesario para sesionar.

La historia puede repetirse, pues hoy el Consejo de la Judicatura solamente cuenta con cinco de sus siete integrantes. Y es que, además del espacio que dejó Loretta Ortiz, existe la vacante que dejó Jorge Antonio Cruz Ramos cuando terminó su cargo en noviembre de 2021, y que también se ha demorado en ´llenar´ la Suprema Corte. Esto significa que si alguno de los consejeros llegara a faltar –por razones de salud, digamos–, el Consejo no podría sesionar, lo cual es grave si se considera que es el órgano que toma decisiones en materia de administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial Federal, y el que debe garantizar la independencia de los juzgadores. Sin embargo, a la vista de los hechos y de su actitud, a los legisladores eso podría no importarles demasiado.

Después de la renuncia de Loretta Ortiz al Consejo, el Senado emitió el 30 de noviembre de 2021 la convocatoria para designar a un nuevo o nueva integrante.

Esta convocatoria se dirigió a las personas interesadas en ocupar el cargo, así como a instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y a la sociedad en general, con el objetivo de que pudieran proponer aspirantes.

Los senadores parecían tener prisa, pues a los interesados les dieron apenas ochos días para que presentaran sus postulaciones, con su respectiva documentación, que se recibieron vía electrónica del 6 al 8 de diciembre. Ese mismo día, la Junta de Coordinación Política verificó si con dicha documentación se acreditaban los requisitos y remitió los expedientes válidos a la Comisión de Justicia del Senado. Cabe señalar que en este proceso los 21 expedientes recibidos se consideraron válidos.

Al día siguiente, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia emitió el Acuerdo mediante el cual definió la metodología para realizar las comparecencias y evaluar a las y los candidatos, quienes comparecieron el 13 de diciembre de ese mismo año. De nuevo, se pudo observar la prisa de los legisladores, pues en lugar de que los candidatos comparecieran ante el Pleno de la Comisión, ésta se dividió en cuatro grupos de cuatro a cinco senadores, cada uno para escuchar e interrogar a los candidatos de manera simultánea, por 12 minutos cada uno, siete minutos para su intervención y cinco minutos para escuchar y contestar preguntas. En efecto, con tanta seriedad toman los legisladores la responsabilidad de designar a un consejero de la Judicatura (cualquiera que ha pasado por una entrevista laboral sabe que 12 minutos son insuficientes para conocer a un candidato).