Arraigo, el secuestro institucionalizado (II)

"Yo le diría que es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución, y el faltarle el respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano. Y no puede haber ninguna corte, por más interamericana que sea, que cometa ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución". Son palabras de Adán Augusto López frente a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs México en la que se ordenó a nuestro país –entre otras cosas– modificar la Constitución para eliminar la figura del arraigo.  

Las palabras del segundo al mando en el otro país son preocupantes por varias razones:  

Primero. Deja en evidencia que no le interesan los compromisos internacionales de los que México es parte, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Habría que comenzar por aclararle que la sentencia no tiene la pretensión de atentar contra la soberanía y que la propia Constitución mexicana reconoce como su par –en este caso– a la Convención Americana.  

Segundo. Asume que, en materia judicial, lo que diga la Suprema Corte es la última palabra. Esto en referencia a que, recordemos, a finales del 2022 casi en paralelo a la audiencia en la Corte Interamericana sobre el tema, la SCJN no asumió con rigor su papel de contrapeso y prácticamente dejó intacta la prisión preventiva. So pretexto, hoy el secretario de Gobernación utiliza la resolución de la Corte mexicana para argumentar que está bien tener la prisión preventiva y el arraigo en la Constitución.  

La SCJN, ahora que está de estreno de presidenta, debe entender que esta es justamente la trascendencia de sus decisiones, poner frenos al poder político o darle insumos para el autoritarismo. Con la sentencia del caso Tzompaxtle, la SCJN abrirá seguramente un expediente para "interpretar" la sentencia y definir cómo se materializará en el ordenamiento jurídico de nuestro país.

Tercero. Tacha de cabilderos al ministro en retiro José Ramón Cossío y a otros abogados del caso García Rodríguez y otro vs. México en el que se discute, fundamentalmente, la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Esto muestra la poca seriedad y respeto con la que el gobierno mexicano mira a quienes defienden derechos humanos. 

Es indispensable que la Suprema Corte sea un verdadero contrapeso del poder político y asegure el cumplimiento total de la sentencia que ordena eliminar el arraigo, el secuestro institucionalizado que no ha demostrado servir para reducir los delitos. 

Twitter: @MaiteAzuela