Llevarán a juicio a 21 constructoras
Contraloría de Tamaulipas realiza investigaciones a partir de irregularidades detectadas por auditorías en la ejecución de obras públicas durante el periodo 2016-2022
La Contraloría realizará las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Un total de 21 empresas constructoras serán llevadas a juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa por presuntas faltas graves cometidas durante la ejecución de obras públicas durante el periodo 2016-2022.
Se han integrado 21 expedientes de presunta responsabilidad administrativa que terminarán en el Tribunal de Justicia Administrativa, porque son conductas que se presumen graves y la Contraloría no tiene competencia para emitir sanciones en esos casos". Norma Angélica Pedraza Melo Contralora de Tamaulipas
La contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, confirmó que estos casos derivan de investigaciones profundas, iniciadas a partir de irregularidades detectadas en auditorías y denuncias formales que se han hecho desde el 2022 hasta la fecha, y que siguen nutriéndose con hallazgos que se encuentran cada cierto periodo.
La funcionaria explicó que los expedientes involucran irregularidades que van desde obras inconclusas, conceptos pagados no ejecutados, hasta la simulación de contratos con empresas "fantasma".
"Se han integrado 21 expedientes de presunta responsabilidad administrativa que terminarán en el Tribunal de Justicia Administrativa, porque son conductas que se presumen graves y la Contraloría no tiene competencia para emitir sanciones en esos casos", precisó.
Pedraza Melo detalló que antes de llegar a esta instancia judicial, las dependencias responsables de la ejecución del gasto, como la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), están obligadas a agotar todos los procesos legales establecidos, al ser las dependencias con las que se celebraron contratos con las empresas vinculadas a las carpetas de investigación.
En paralelo a lo anterior, el Código Penal del Estado de Tamaulipas revela que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias todo funcionario público que realice cualquier acto jurídico que produzca beneficio económico al servidor público o a particulares a costa del erario.
Las penas van desde 20 años de inhabilitación para los funcionarisos públicos vinculados en los casos, hasta ocho años de prisión para el servidor público, pero también para los particulares.
En ese contexto, la contralora dijo que el Tribunal de Justicia Administrativa iniciará con el requerimiento a los contratistas para que subsanen irregularidades o devuelvan los recursos públicos no justificados.
"Cuando se detecta una presunta falta, la dependencia da vista a la Contraloría, y es nuestra responsabilidad abrir la investigación, recabar los elementos y agotar el debido proceso. Sólo cuando contamos con pruebas suficientes, los expedientes son turnados al Tribunal. En estos casos, también hay procesos en paralelo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción", explicó Pedraza Melo.
La contralora detalló que muchas de estas constructoras aparecen relacionadas con obras públicas que, al momento de la verificación, resultaron inexistentes, inconclusas o con avances mínimos, pese a haberse cobrado en su totalidad.
