Responden madres de desaparecidos: Una disculpa no basta

Ambas consideran un “sinsentido” e “insuficiente” el acto de disculpa pública llevado a cabo el martes 13 como parte del cumplimiento de la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las graves violaciones a derechos humanos cometidas por personal naval en agravio de 27 personas.

Ante familiares de las víctimas de hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2018, el funcionario de la Semar admitió que ninguna palabra “podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas”; consideró que “es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que les brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados”, y ofreció la colaboración institucional para agotar las indagatorias “hacia el pleno acceso a la justicia, por el bien de México”.

Como la autoridad del gobierno federal de más alto rango en el evento, Encinas Rodríguez abogó por terminar con la impunidad “si queremos fortalecer al Estado mexicano y a sus instituciones”, alentando a que el Poder Judicial “cumpla con su responsabilidad” para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la no repetición de los hechos.

Érika y María del Rosario son madres de Julio César Viramontes Arredondo y Juan Carlos Pérez Navarro, dos de los tres casos en los que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente la Fiscalía General de la República (FGR), encontró indicios suficientes para judicializarlos.

Escépticas, después de más de tres años de exigir la presentación de sus hijos, las mujeres coinciden, en entrevistas por separado, en que la disculpa pública no alivia su pesar.

“Una disculpa pública no sirve de nada. ¿Que hacen historia porque nunca lo habían hecho? ¡Que hagan historia regresando a nuestros hijos! ¡Que hagan historia buscándolos, encontrándolos! Que me regresen a mi hijo. Para mí eso sí sería hacer historia”, dice Érika Arredondo.

Ella no tiene noticias de su hijo Julio César desde el 19 de febrero de 2018, luego de que el joven, que entonces tenía 23 años, fuera detenido por marinos que embistieron el vehículo en el que viajaba como copiloto.

Las inercias

Durante los tres primeros días de la detención de Julio César, la geolocalización de su celular lo ubicó en las dos bases de operaciones que tenía la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar en Nuevo Laredo; la última vez, en la carretera a Nuevo León, entidad donde el grupo de élite de la Marina tenía otra base de operaciones, en el municipio de Colombia. 

“Por la desaparición de mi hijo hay 11 marinos detenidos, entre ellos un mando, Salvador Gerónimo Ramírez, pero ninguno ha dicho qué hicieron con mi hijo. Hay uno que sí reconoce el accidente, que se llevaron a mi hijo, que lo llevaron al cuartel de la (avenida) Leona Vicario, que estuvo ahí hasta el martes (20), luego que el miércoles lo llevaron al cuartel del Laguito (a las afueras de Nuevo Laredo), que el jueves lo sacaron de ahí pero que él ya no supo a dónde lo llevaron”, asegura Arredondo.

Al término del acto protocolario del martes 13, dice, en reunión privada con el subsecretario Encinas, ella y María del Rosario le reiteraron la exigencia de dar con el paradero de las víctimas de la Marina en 2018. 

“Para nosotros lo más importante es que nos digan dónde están nuestros familiares, que se haga justicia y que las personas que ya están vinculadas a proceso cooperen, que nos digan dónde están, al menos para mí eso es lo más importante”, resalta Érika.

María del Rosario apunta: “Si los funcionarios vinieron a disculparse, es porque saben que fueron los marinos quiénes se llevaron a nuestros hijos. Que nos digan entonces dónde están o dónde los dejaron o qué hicieron con ellos”. 

El 21 de mayo de 2018, marinos que de manera irregular fungían como guardaespaldas del alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, detuvieron a su hijo Juan Carlos, de 26 años, cuando se encontraba en una gasolinería cercana al evento de cierre de campaña del político panista en busca de su reelección. 

“Los marinos empezaron a disparar. Mi hijo se asustó, se subió a su carro y se volteó. Los marinos lo persiguieron en las camionetas clonadas que tenía el presidente a su servicio y se llevaron a mi hijo en las barbas del presidente municipal, quien no paró la balacera”, cuenta Rosario. Dice que horas después de la detención acudió a instalaciones navales para preguntar por su hijo. 

“Fui al cuartel de Laguito y me dice uno de los marinos: ‘¿Quién es su hijo? Porque aquí tenemos a muchos’. Le di la foto de mi hijo, se metió al cuartel y ya no salió. Cómo me hubiera gustado haber grabado al marino, pero yo andaba con mi dolor tan grande de madre que no se me ocurrió en ese momento”, apunta. 

Por la desaparición de Juan Carlos hay 13 marinos procesados, entre ellos Alfredo Reyes Mondragón, quien estaba al frente de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina en Nuevo Laredo. 

A más de tres años de la desaparición de su hijo, ella insiste: “Con una disculpa los marinos quieren tapar los hechos. Que nos digan dónde los dejaron, dónde están. Nos dicen que hay 30 marinos detenidos pero ninguno ha dicho dónde están nuestros hijos”.

El pacto de muerte

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), representante legal de las familias de los desaparecidos, advierte que, de manera informal, han recibido información de personas cercanas a marinos en torno a “que hay un pacto de muerte, un pacto de silencio en la Unidad de Operaciones Especiales, para que ningún marino de los que estuvieron en Nuevo Laredo proporcione información a la CNDH, a la FGR y a la propia Semar sobre lo que pasó entre diciembre de 2017 y mayo de 2018. Les dicen que no colaboren en las investigaciones, so pena de muerte para ellos y sus familiares; necesitamos romper ese pacto de muerte”.

Recuerda que durante ese periodo Marco Antonio Ortega Siu –artífice de la detención de Joaquín Guzmán Loera en 2016– estuvo al frente de la Unidad de Operaciones Especiales. Y llama a las autoridades a investigar la cadena de mando para esclarecer las desapariciones forzadas atribuidas a ese cuerpo especial de la Marina, que entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 operó en Nuevo Laredo y municipios vecinos de esa entidad y Coahuila.

“Ese grupo de élite tenía oficialmente tres bases de operaciones, dos en Nuevo Laredo, uno en Colombia, Nuevo León, y otro clandestino en el rancho El Vergel, en Hidalgo, Coahuila.

“El CDHNL pudo documentar casos que involucran a 47 víctimas, que incluso fueron denunciados ante la FGR, derivándose 34 carpetas de investigación. Pero tendemos indicios de que pudieron haber ocurrido 60 desapariciones sólo en Nuevo Laredo. Sumados a los casos ocurridos en las otras áreas de influencia en Nuevo León y Coahuila, podrían llegar a 80 desapariciones forzadas”, sostiene ­Ramos.

Ramos Vázquez admite que la deficiente actuación de la Fiscalía Especializada a cargo de Abel Galván, quien está en ese cargo desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha impedido la judicialización de más casos que involucran a marinos y autoridades locales. 

Un caso concreto tiene que ver con dos camionetas clonadas con logotipos de la Marina descubiertas el 15 de agosto de 2018 en instalaciones del C-4 de Nuevo Laredo. Presuntamente las utilizaron los marinos adscritos al grupo de élite “al servicio” del alcalde Rivas Cuéllar, según informaron los medios locales.

Ramos narra que hay información pública sobre las reuniones entre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ortega Siu. Apunta que las actividades de la Unidad de Operaciones Especiales “no se pudieron haber dado sin el aval del presidente municipal y sin el visto bueno del gobernador de Tamaulipas, por lo que deben también ser llamados a cuentas”. 

El defensor pide a las autoridades llamar a cuentas a Ortega Siu y “romper el pacto de silencio” que impide a los 30 marinos detenidos revelar el paradero de los desaparecidos.

“La petición central es: ‘Sí queremos justicia, pero mucho antes queremos saber dónde están las personas que nos faltan. Y si los marinos contribuyen, nosotros pediríamos al juez a través de los asesores jurídicos o de la CNDH que se declararan testigos protegidos bajo el criterio de oportunidad. Pero no vamos a tener éxito mientras no se rompa ese pacto de silencio”, puntualiza Ramos.