Otra de bancos

Los daños infringidos a México y los mexicanos por el capitalismo salvaje, ese que no reconoce leyes ni límites y va por el mundo montado en el brioso caballo de las globalización engullendo todo lo que a su paso se atraviesa, no acaban de aflorar por más esfuerzos que hace la administración pública por acabar con la corrupción. Ora resulta que los bancos saneados con dinero público y vendidos a grupos financieros internacionales manipulan los mercados de bonos para obtener ganancias superlativas.

Pero, lo más grave es que la Comisión Federal de Competencia Económica les impuso multas que de ninguna manera corresponden al daño que hicieron a los clientes, tanto inversionistas, algunos forzados como es el caso de los fondos de pensiones, como a los ahorradores que los adquirieron poniendo el juego su patrimonio. Las sanciones no corresponden al mandato de la ley ni a penalizaciones que se han impuesto en situaciones análogas en otros países. De hecho, se les otorgó una patente de piratas.

En el mundo de los negocios del neoliberalismo, se acostumbra maicear a los congresistas para crear leyes laxas que permitan el lucro desmedido que raya en la usura. Luego se le agrega el contubernio con las autoridades, especialmente los organismos autónomos del Estado, que ahora se quieren llamar organismo constitucionales autónomos (la misma gata, nomás que revolcada), para que se apliquen las normas a modo de que, aún con penalización, la utilidad sea muy alta en perjuicio del cliente cautivo.

La manipulación del mercado de bonos, que consistió en la confabulación de los bancos y operadores de bolsa para no operar ciertos papeles y provocar con ello una devaluación de sus precios, para luego acapararlos y llevarlos al mercado con precios altos, mucho más allá de su valor real. Algo así como la burbuja financiera hipotecaria de los Estados Unidos que generó pérdidas multimillonarias porque los activos de respaldo de deuda no correspondían a los créditos otorgados. Un delito de cuello blanco.

Los bancos involucrados en estas operaciones fraudulentas son Barclays, Deutsche Bank, Santander México, CitiBanamex, Bank of America, BBVA México y JP Morgan, además de once operadoras de bolsa, a los cuales la Cofece impuso una sanción de sólo 29 millones de pesos en conjunto, a unos más a otros menos; pero, en todos los casos menos del diez por ciento de los montos que señala la ley en estos casos en los que se tipifican varios delitos de gravedad incluyendo el de delincuencia organizada que, curiosamente, por efectos de autoprotección, no se aplica en el caso de la colusión financiera.

Ante el escándalo, que se ha vuelto internacional, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios, quien tiene una maestría en administración de empresas y licenciatura en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y fue directora de proyectos de buen gobierno en el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., un organismo de la sociedad civil para presionar al gobierno en defensa de los intereses de los grupos oligárquicos, se ha mantenido impávida.

Seguramente confía en que los poderes fácticos que protegió desde su nombramiento como titular de la Cofece en 2013, le permitirán librar esta borrasca. La argumentación que ha dado hasta el momento es endeble por los cuatro costados. Dijo, al referirse a la enormes multas que impusieron a los bancos las autoridades norteamericanas: “En Estados Unidos el sistema es distinto; el fiscal anticompetencia es una persona del Departamento de Justicia. Mi contraparte en ese país es un segundo a bordo del fiscal general, y ahí lo que hacen es negociar con las empresas. Aquí no se negocian multas. Los agentes buscan encontrar debilidades en nuestros procesos para después impugnar ante el poder judicial, y por eso tenemos que ser más conservadores. Queremos que las sanciones queden firmes” (y chiquitas). 

Por ello, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Alejandro Armenta, envió un oficio a Palacios en el que pide el expediente completo sobre la investigación y la multa que se aplicó a esas instituciones. Dijo: “Se requiere saber por qué el organismo resolvió de esa manera, pese a que se trata del saqueo fiscal y presupuestal al país. En los Estados Unidos dos de los bancos involucrados en irregularidades similares fueron penalizados con más de 500 millones de pesos, mientras que en el país a las siete instituciones se les aplicó una sanción de sólo 35 millones de pesos”.

¿Será por eso que el gobierno de la Cuarta Transformación cuestiona a los organismos autónomos?