Militarizar la seguridad, el fracaso de AMLO

En la mañana del martes 15 de junio López Obrador anunció la intención de promover una nueva reforma constitucional para que la Guardia Nacional forme parte oficialmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este sería el último paso para formalizar la militarización de la estrategia de seguridad nacional y consolidar constitucionalmente una fuerza que teóricamente tendría que ser de carácter civil, en un cuerpo militar más.

En su conferencia matutina, el presidente explicó sobre esta iniciativa: "No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder", y se refirió al caso de García Luna como un ejemplo de un esfuerzo que se corrompió por la delincuencia organizada. Pero no detalla cómo militarizar esta fuerza garantiza una institución libre de corrupción y de influencia del crimen organizado. Es más, esta política no marca más que la continuidad de la política de militarizar la seguridad pública que inauguró Felipe Calderón y que ha cobrado más de 350 mil muertes por homicidio desde 2006.

Si vemos las cifras de homicidio, es evidente que los esfuerzos de la Cuarta Transformación en materia de seguridad no han provocado un cambio significativo en la violencia. Según datos del Inegi, si bien la era de Calderón fue reconocida como una de las más sangrientas de la historia del país, la tasa de homicidios culminó en 2011 con 24 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, esta tasa se igualó y superó en 2018 y 2019, llegando a casi 28 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que implica que México ocupa el noveno lugar en tasas de homicidios a nivel mundial. Es más, se calcula que tanto en 2019 y 2020 los homicidios llegaron a cifras récord, con más de 35 mil asesinatos en ambos años, lo que equivale a 97 asesinatos diarios. Con esto, la primera mitad del gobierno de AMLO ha quedado como el trienio más violento en la historia del país. Además, en el primer cuatrimestre de este año, los asesinatos han disminuido en tan sólo un 3%, lo que implica que apenas se asemeja al nivel del 2019. Si bien se muestra una mitigación temporal de la violencia en el último año, no existe una reducción lo suficientemente importante como para demostrar una tendencia, sobre todo tomando en cuenta que 2020 fue un año de pandemia.

Adicionalmente, las cifras de homicidio no son el panorama completo. El aumento en los homicidios ha ido de la mano con el mal funcionamiento de las instituciones de derecho y justicia, y las pérdidas económicas vinculadas a la violencia. Desde 2015, México ha ido empeorando en el ranking mundial de Estado de Derecho realizado por el World Justice Project. Actualmente ocupa el número 104 de 128 países, por debajo de países como Kenia y Guatemala. Los ámbitos de orden y seguridad, así como justicia criminal, son en los que peor sale evaluado nuestro país, siendo el número 121 de 128, sólo superando a países como Myanmar y Afganistán. Además, según el informe 2021 del Índice de Paz Positiva del Instituto para la Economía y la Paz, se estima que la violencia en México en 2020 tuvo un costo de 4.71 billones de pesos, que equivale al 22.5 % del PIB de México. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es más de siete veces el gasto público en salud.

Estos datos no hacen más que darnos indicios de que la estrategia de seguridad pública vinculada a la militarización del país no está dando los frutos necesarios. La mano dura no está fomentando la construcción de paz, no está dando pie a procesos de justicia restaurativa centradas en las víctimas, no parecemos estar fortaleciendo las instituciones de justicia, y pasamos por alto los costos económicos que esta violencia está generando. Es sorprendente lo alejado que está la política actual de AMLO de sus promesas de campaña en donde hablaba de amnistía, desarme y justicia transicional. 

Twitter: @MaiteAzuela