Malinchismo institucional

Uno de los ejes del proceso de transformación que inició en 2018 en México es la construcción de instituciones que generen confianza en la ciudadanía. Nótese que es necesario hablar de construcción y no de rediseño; de generación y no de recuperación de confianza, pues el daño causado por el régimen anterior fue tan profundo que, en muchos casos, los esfuerzos por contar con instituciones más justas y confiables han empezado prácticamente de cero.

En este contexto deben ser analizadas y entendidas las reacciones en torno al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, pues la Fiscalía General de la República, la instancia autónoma que decidió no ejercer la acción penal en contra del exsecretario, al no hallar elementos constitutivos de delito, forma parte de la nueva realidad institucional mexicana, en la cual los derechos de cualquier persona, como la presunción de inocencia, se anteponen y se tutelan frente a cualquier presión e interés, por grandes y poderosos que sean.

Se trata de un cambio de paradigma profundo, y por ello es normal que la decisión de la Fiscalía haya generado reacciones tan notoriamente adversas, tanto al interior del país como al exterior.  

En lo local hay quienes esperaban que la FGR fuera una aduana de tránsito que simplemente continuara, por mandato, en la dirección que las instituciones estadounidenses habían marcado en la investigación. En una especie de malinchismo institucional, se ha juzgado como incorrecta la decisión de la Fiscalía de llegar a una conclusión contraria a la esperada por otro país.

Resulta paradójico que las personas que están inconformes con el trabajo de la FGR sean las mismas que defendieron la solidez del expediente elaborado en Estados Unidos en contra del general Cienfuegos, incluso antes de que el gobierno de México hubiera decidido hacerlo público, y precisamente las críticas nacionales se han exacerbado y han sido alimentadas por el descontento del Departamento de Justicia de la Unión Americana, a raíz de la publicación del expediente. El adjetivo utilizado por esa institución en su comunicado fue “decepción”, pues considera que el Estado mexicano ha actuado de tal manera que la relación entre ambos países se puede deteriorar.

Parece que la decepción de la institución estadounidense proviene no de la conclusión a la que llegó la Fiscalía, sino de que fuera tomada de manera autónoma, sopesando siempre los elementos, endebles o no, que el gobierno de aquel país había presentado. Es importante recordar que fueron las mismas autoridades del vecino del norte las que en su momento decidieron desestimar el caso, para que México pudiera llevar a cabo la investigación. Resulta extraño que, después de que esto ocurrió, ahora reaccionen en contra de la decisión de la FGR, a quienes ellas mismas otorgaron su confianza —la cual, entonces, fue sólo a medias—, y sólo hubieran considerado aceptable una conclusión afín a la suya. 

Lo cierto es que éste no debe ser un asunto de percepción que, a menos de seis meses de que en México se defina el rumbo político, dé lugar a la politización. La justicia debe ser tan objetiva como sea posible, y en ese sentido la Fiscalía ha actuado con base en los elementos que el mismo gobierno estadounidense proporcionó, dejando abierta la puerta a recibir un número mayor de pruebas. 

En nuestro país, desde hace dos años inició la construcción de instituciones que propicien el desarrollo, y aunque pueda no gustar, estamos en un momento en que la decepción de algunas personas representa el beneficio de muchas otras.