Incremento salarial y resistencias

El trabajo asalariado es el paradigma de la economía capitalista que impera en todo el mundo. A través de la retribución monetaria, la clase trabajadora es separada del fruto de su trabajo y cumple a su vez el papel de consumidora. La disparidad entre el valor real del trabajo y la remuneración entraña el fenómeno de explotación que representa ganancias para la clase patronal, o plusvalía, el cual se ha incorporado a la normalidad económica de prácticamente todas las naciones, pero en el caso mexicano podemos hablar de una sobreexplotación, derivada de la reducción artificial del salario mínimo. 

A pesar de que entre 2010 y 2013 la productividad laboral con base en la población ocupada aumentó un 6.8 por ciento, y la que se basa en las horas trabajadas lo hizo en un 5.8 por ciento, el salario mínimo experimentó un aumento porcentual real del 0.42 por ciento, lo que representa la irrisoria cantidad de 0.70 centavos. Es decir, la productividad en México crecía, a la par de factores que lo permitían, como la capacitación de la planta laboral; sin embrago, los salarios experimentaban aumentos que no podían sino significar una burla. 

Lo peor de todo es que este estancamiento era defendido por algunos sectores de la iniciativa privada, pero también por las autoridades. Por ejemplo, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, con el propósito de fungir como auxiliar de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), pero en ese año el salario mínimo, lejos de aumentar, presentó una disminución real del 0.56%, con una inflación del 4.48%, superior al 3.25% del periodo anterior. 

Mantener los salarios mínimos por debajo de la línea de bienestar se sostuvo como una política necesaria para la estabilidad económica de México, mientras en las cúpulas del Gobierno existían gastos excesivos y salarios exagerados que representaban un lujo innecesario en la función pública, con el pretexto insostenible de evitar la corrupción, pues se creía que sueldos elevadísimos menguarían la avaricia de la clase política incrustada en las instituciones públicas, lo que claramente resultó un fracaso. 

Así, de 1980 a la fecha, México descendió del lugar número 12 en la lista de mejores salarios mínimos en el mundo, al 82. 

Esto llegó finalmente a su fin con el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien como presidente ha mantenido una actitud congruente con los compromisos que realizó como líder social. En 2019, el primer año de gobierno, el salario mínimo pasó de $88.96 a $102.68 pesos, y para 2020 esta cantidad aumentó a $123.22. 

Sin embargo, a pesar de que los argumentos en contra del incremento de los salarios mínimos han resultado no ser válidos en la práctica, las resistencias volvieron a hacerse presentes cuando la semana pasada se aprobó un nuevo aumento para llevar el salario mínimo a $141.7 en 2021, representando una elevación global del 60 por ciento, en comparación con 2018. 

Llama la atención que luego de dos años de aumentos aún persistan las resistencias a la transformación más que justificada de la política salarial. Esto resulta especialmente paradójico si se considera que la Conasami ha señalado que es un mito que el incremento de los salarios mínimos genere desempleo, eleve el costo de la canasta básica y de los créditos del Infonavit. Sin embargo, frente a estas resistencias se encuentra la convicción del Ejecutivo federal de crear un país más justo y equitativo, incluso en tiempos de dificultades económicas, como los generados por la pandemia.