Economía justa

El movimiento de independencia de las trece colonias que luego serían los Estados Unidos, no tenía raíces profundas: empezó en 1766, cuando los líderes coloniales se reunieron para protestar por los impuestos británicos bajo la Ley del Sello. El Congreso de la Ley del Sello, como luego fue llamado, dio pie a la independencia. Los colonos argumentaron primero que los impuestos internos, del sello, eran malos, pero los impuestos a la importación, venían a resultar inaceptables.

El Congreso de la Ley del Sello pidió al Parlamento la abolición, argumentando que los impuestos son internos y por tanto requerían el consentimiento de los colonos. El Parlamento no podía hablar por ellos, ya que le faltaba una relación natural con los colonos. Cuando el congreso se suspendió, se enviaron unos pocos ciudadanos eminentes a Londres para presionar para la abolición. Entre estos se encontraba Benjamín Franklin representante de Nueva Jersey, Georgia y Massachusetts, la cuna de los rebeldes, quien fue invitado a hablar en la Cámara de los Comunes.

Finalmente, no hubo acuerdos y vino la rebelión de las colonias, que fue seguida por otros movimientos similares en varias partes del mundo. Al triunfo, Jefferson dice que las rebeliones son un buen tónico para el gobierno; pero, en su marco de referencia estaba hablando de rebeliones fiscales. Para una nación que cree en controles y contrapesos en el gobierno, no cabe duda de que el control más eficaz sobre un mal sistema fiscal es el que Jefferson tenía en mente. Incluso creía que los gobiernos no debían desanimar las rebeliones ni  ser demasiado severos con los rebeldes.

En el mismo sentido, Franklin aseguraba que en la vida nada es seguro, excepto los impuestos y la muerte, con lo que evidenciaba su idea de que todo miembro de un Estado legítimamente constituido, debe ser un causante cumplido, único medio para poder reclamar orden y justicia. El sistema tributario de los Estados Unidos es actualmente complejo, pero justo y permite a los causantes diversas formas de beneficio fiscal a la medida en que se presta servicios comunitarios.

En México, las causas de la independencia fueron diferente y el sistema tributario ha sido un constante embrollo que no tiene pies ni cabeza, porque así conviene a las cúpulas que no sólo no pagan impuestos, sino que, además, se benefician con una serie de jugadas llamadas estímulos o exenciones que no tienen explicación alguna a la luz del sentido lógico de la teoría impositiva.

La Constitución establece en sus artículos 31 y 73 respectivamente que: "Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos... (fracción IV) contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Y más adelante dispone que: "Artículo 73.- El Congreso tiene facultades... para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto."

Interesante resulta señalar que entre la capacidad contributiva y la capacidad económica prevalece una relación de interdependencia, la una presupone la existencia de la otra; pero, no son términos sinónimos. Para que la aptitud contributiva se exteriorice debe haber un índice de riqueza manifestada por medio de ingresos, patrimonio o gasto; un sustento económico, una riqueza disponible. Esta riqueza debe ser efectiva, y no incidir sobre rendimientos inexistentes. Lo que la capacidad contributiva exige, en su carácter material de la tributación, en un primer aspecto, ubicar la riqueza susceptible de tributación. Imposible sería gravar lo que no existe.

Por ello resulta harto interesante la iniciativa que se ha venido generando en amplios sectores de los Estados Unidos, que, a diferencia de lo que ocurre en México, donde los ricachones buscan eludir el pago de impuestos, se propone gravar la riqueza superlativa nada más por el hecho de existir. Así, algunas de las mayores fortunas de EU tienen un mensaje para el ganador de las elecciones de 2020: crear un impuesto federal específico para las familias más acaudaladas.

George Soros, Abigail Disney, Chris Hughes y los Pritzker firmaron una carta abierta en la que demandan más gravámenes a la riqueza y menos a la clase media trabajadora. ¡Oyeron!