Alejandro Gertz, el implacable
El fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, determinó iniciar una persecución judicial contra una comunidad de científicos de excelencia, a los que acusa de delitos tan graves como delincuencia organizada. El aparente despropósito de esta acción es interpretado por amplios sectores de la academia como una venganza por las recientes impugnaciones a la asignación promovida por Conacyt para otorgar a Gertz el más alto grado existente en el Sistema Nacional de Investigadores.
La Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigaciones FEM/FEMDO/UEIORPJAM-CDMX/0000222/2021, para solicitar a jueces federales órdenes de aprehensión contra 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que durante casi 20 años fue la más alta instancia asesora del la Presidencia de la República en estos campos.
Decenas de exintegrantes de ese órgano han sido acosados por policías federales en su domicilio, y varios de ellos se han amparado para evitar lo que consideran una desorbitada venganza de un servidor público.
Se conoce que la demanda alude al presunto desvío de 50 millones de pesos otorgados al Foro a lo largo de varios años por Conacyt, al amparo de una ley vigente que la Corte validó durante una guerra jurídica desatada desde Conacyt y que, por lo visto, fue potenciada en forma dramática por la Fiscalía.
Reportes diversos sobre este nuevo escándalo protagonizado por el fiscal general han empezado a darse a conocer, como ocurrió ayer con la columna del periodista Raymundo Riva Palacio. Detalles del proceso compartidos a este espacio exhiben que algo podrido ocurre en nuestro sistema de procuración de justicia cuando científicos y catedráticos son amenazados con su reclusión directamente en el penal de alta seguridad del Altiplano —donde fue radicada la denuncia—, a partir de la reyerta burocrática que impulsa desde el inicio del gobierno la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
Esta funcionaria se ha tropezado en forma incesante por una gestión cargada de ideología, lo que ha incluido una cacería contra colectivos de científicos y académicos, lo mismo que contra estudiantes que realizan estudios de posgrado en el extranjero.
Tras unos meses de iniciado su encargo en Conacyt, la señora Álvarez-Buylla desconoció la relación jurídica establecida por ley desde 2002 con el citado Foro, cuya misión fue permitir la participación de la comunidad científica, académica y del sector productivo en la definición de políticas públicas establecidas para investigación, desarrollo e innovación, como ocurre en muchos países.
Una orden judicial dejó sin efecto en junio de 2019 la determinación de Conacyt mediante un amparo que analizó el fondo de la disputa. El afán de doña María Elena la llevó a promover, en febrero de 2020, una reforma a su estatuto jurídico, para eliminar el artículo que establecía la existencia del Foro. La Corte estableció que el funcionamiento de este fue legal, pero que había quedado anulado por el cambio en la ley.
Desde 2019, Álvarez pontificó en favor de la "ciencia popular" (cualquier cosa que eso significara), y se pronunció por investigar a los integrantes del Foro "por haber usado fondos públicos"..., establecidos por la ley. El objetivo concreto de sus dardos ha sido su antecesor, Enrique Cabrero, una eminencia científica y también exdirector del CIDE, una de las casas académicas de mayor prestigio en el país.
Tras ese episodio vino el polémico otorgamiento del más alto grado que reconoce el Sistema Nacional de Investigadores en favor de Gertz y, después, los señalamientos de plagio en un libro del fiscal, enderezados en estas páginas por el escritor Guillermo Sheridan.
Si no hay una voz sensata que lo impida antes, el epílogo de esta historia vergonzosa será ver tras las rejas a un grupo de científicos que son orgullo nacional por el grave delito de hacer enfurecer al señor fiscal.
