Aclaraciones sobre la consulta popular

Vaya por delante una primera e insoslayable aclaración: desde que fue dada a conocer la pregunta propuesta por el Presidente de la República para la consulta popular, teniendo por objeto investigar y juzgar a cinco expresidentes, me pronuncié sobre su evidente inconstitucionalidad. Luego de la sesión de la Suprema Corte de la semana pasada, me reitero en el mismo criterio: como estaba planteada la pregunta resultaba violatoria de la Carta Magna.

Al revés de lo que han dicho analistas, creo que la Corte nos dio la razón a los que argumentamos sobre la inconstitucionalidad. 

Dijimos que mencionar los nombres de quienes se iba a investigar violaba la presunción de inocencia. La nueva pregunta ya no menciona a nadie por nombre.

Dijimos que el planteamiento de investigar “delitos”, conforme a la exposición de motivos firmada por el Presidente de la República, violaba el principio de taxatividad penal. La nueva pregunta ya no habla de delitos, sino del “esclarecimiento de decisiones políticas”.

Estimo que la Corte claramente rechazó la pregunta del Presidente y zanjó en seco el deseo de lanzar una campaña de linchamiento contra cinco personas. Lo ideal hubiera sido que la Corte hubiera prohibido realizar consulta alguna para ver si se cumple o no la ley.

La mayoría de los ministros decidió que sí hubiera consulta y la habrá. No queda claro para qué efectos (¿será o no vinculante? En caso de que lo sea, ¿para qué autoridades y con qué alcance?) y hay incluso dudas sobre la fecha.

Ningún exservidor público, del rango que sea, está protegido por el fuero constitucional. Se les puede investigar y juzgar en cualquier momento. De hecho, si cualquier persona tiene elementos de prueba sobre su presunta responsabilidad, está obligada a presentarlos, según lo ordena el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ello no hace falta desahogar ninguna consulta. 

En esa virtud, todos los que señalan que hubo clamorosos actos de corrupción en los sexenios anteriores deben por congruencia personal dar el siguiente paso y presentarse ante una fiscalía de justicia a efecto de que se levante la denuncia de hechos correspondiente, se aporten los indicios necesarios y se instruya la investigación que corresponda. Eso es lo que hay que hacer, si de verdad se quiere someter ante la justicia a cualquier exfuncionario público. Si lo que en realidad se busca es hacer un enorme show con afanes de tipo metajurídico, lo procedente entonces es seguir engañando a la gente por medio de la convocatoria a consultas que no son necesarias en modo alguno.

Lo que sí debemos procurar, sin embargo, es no dejar de expresarnos respecto a la consulta que se convocará el próximo año. Yo adelanto que votaré a favor de que se cumpla la ley y se investigue todo lo que se deba investigar, incluyendo a gobernantes de sexenios anteriores y a los actuales, para no dejar pasar nada indebido que pudiera existir. Creo que cualquier persona que crea en el Estado de derecho debe votar a favor y todos los partidos deben apoyar esa postura. Ya que la consulta la pagaremos entre todos y no saldrá para nada barata, lo peor sería que las urnas se queden vacías. Exijamos que se hagan a un lado las excusas y pidamos de forma democrática que se investigue a todos, sin distinciones de ningún tipo.