Un paso más significa muchas víctimas menos

A las mexicanas y mexicanos:

Celebro las acciones y reformas que se han emprendido en los últimos cinco años para prevenir, investigar, perseguir, sancionar y erradicar en México el delito de trata de personas en sus diferentes tipologías, ya que, como sabemos, es un ilícito trasnacional que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas debido a diferentes factores.

La realidad es que no es una problemática exclusiva de nuestro país, a lo largo y ancho del orbe, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, existen al menos 800 mil personas esclavizadas y explotadas por otros seres humanos; sin embargo, nuestra ubicación geográfica nos coloca en una situación especialmente crítica al ser una Nación de origen, tránsito y destino de trata de personas, particularmente de explotación sexual y trabajo forzado, tal y como lo señala el Informe Trata de Personas: Un Panorama Global (Trafficking in Persons: Global Patterns), elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, el cual señala como raíces de este aberrante delito la impunidad, la corrupción, los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada.

De ahí la pertinencia del cúmulo de acciones en los tres niveles y Poderes de gobierno, así como de la reforma en ciernes publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados para su respectiva discusión y aprobación que apuntala lo realizado con anterioridad, toda vez que incluir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para que en ejercicio de sus facultades, denuncie ante el Ministerio Público de la Federación las conductas, actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos asociados a la trata de personas, constituye un paso enorme para combatir eficazmente la trata y garantizar los derechos y la dignidad de las víctimas.

No podemos pasar por alto que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2019 las procuradurías y fiscalías identificaron 5 mil 245 víctimas de trata de personas, de las cuales 85% son niñas y mujeres y 15% niños y hombres. Asimismo, 73% de las víctimas identificadas son mayores de edad, en tanto que 27% son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Los porcentajes anteriores resultan alarmantes, pero desafortunadamente no son exactos, lo cual es mucho más alarmante, ya que el silencio de y la falta de denuncia hace que la lista oculta de víctimas se eleve quizá al triple. Por eso es que se requiere de una estrecha coordinación entre las dependencias para hacer frente a la trata de personas desde una perspectiva integral y de derechos humanos.

Las ventajas de que la Secretaría de Hacienda se incorpore a la Comisión Intersecretarial son inmensas, ya que contribuirá a garantizar una efectiva incidencia en la política pública para combatir la trata de personas en las áreas financiera y económica, rompiendo los fuertes vínculos que guardan con el lavado de dinero a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuya función es precisamente prevenir e investigar las operaciones financieras y económicas de carácter ilícito y de financiamiento al terrorismo. Una Unidad que cuenta con lineamientos, acuerdos y protocolos relacionados con operaciones financieras y económicas en materia de trata de personas, como la Guía Anti Trata para quienes realizan actividades vulnerables, Guía Anti Trata para sistema financiero y Guía Anti Trata para el sector de seguros, y que ahora tendrá un mejor asidero jurídico para realizar de mejor manera sus funciones en el marco de sus atribuciones legales.

Hacía falta subsanar un resquicio jurídico, propiciar desde la Ley una mejor coordinación entre autoridades y facultar expresamente a la Secretaría de Hacienda a acudir al Ministerio Público para realizar las denuncias correspondientes con el objetivo de cerrar los flujos de financiamiento del crimen organizado, pegándoles donde más les duele. (Activista Social).

@larapaola1