Peligra triunfo de Carmen Lilia en Nuevo Laredo

Cuando los hermanos Canturosas Villarreal, es decir Carmen Lilia y Carlos Enrique, se sentían confiados de que asumirían sin mayores problemas los cargos de elección popular que supuestamente ganaron en la elección del pasado 2 de junio, ahora resulta que el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, atraerá el proceso electoral por la renuncia de los consejeros municipales que, sin mayor explicación, no quieren culminar su trabajo para resolver las impugnaciones presentadas en tiempo y forma.

Ramos Charre anunció que los paquetes electorales se revisarán en la sede del IETAM aquí en Ciudad Victoria, luego de que los suplentes de los consejeros municipales también renunciaron y se negaron a resolver las impugnaciones que pone en duda el aparente triunfo de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien podría perder la reelección que logró en la elección del pasado 2 de junio.

Conforme a los resultados oficiales, Carmen Lilia ganó la elección municipal con 79 mil 280 votos, es decir con el 48.4%, en tanto que su contrincante Yahleel Abdala Carmona obtuvo 76 mil 890 sufragios, es decir con el 47.0% de la votación emitida el pasado 2 de junio.

Resulta sospechoso que tanto los consejeros propietarios como los suplentes no quieran hacerse cargo de las imputaciones presentadas, sobre todo ahora que el representante de Morena ante el IETAM, Andrés García Repper aseveró que habían sido amenazados por desconocidos.

Aunque no es la primera vez en que García Repper lanza una acusación sin tener pruebas, resulta de vital importancia que las autoridades gubernamentales investiguen los hechos en Nuevo Laredo no sólo para proteger la vida e integridad de los consejeros electorales, sino también para evitar la sospecha de que el crimen organizado pretende ser actor del proceso electoral en aquel municipio fronterizo.

Vaya tarea que tiene enfrente el consejero presidente Ramos Charre porque debe vigilar desde el traslado de los paquetes electorales y luego cotejar acta con acta para que no se tenga duda de la veracidad de los resultados electorales en Nuevo Laredo.

Por otra parte, mientras que el Subsecretario de Transporte Urbano, José Armando Lara Valdez afirma que no se ha autorizado el incremento al pasaje, los choferes de microbuses cobran 12 pesos a los adultos y 10 pesos a los estudiantes que desde el pasado miércoles aplican, cuyos incrementos resultan más que justificados ante el encarecimiento de los insumos, como es el caso de las gasolinas, aceites, llantas y el mantenimiento de las unidades.

Lara Valdez dejó pasar el tiempo para responder a las demandas de los prestadores de servicio del transporte público, por lo que no se debe mostrar sorprendido ante la medida unilateral que tomaron los conductores de los microbuses y camiones de pasajeros.

Lógicamente que Lara Valdez puede aplicar la ley y sancionar a los choferes de microbuses y camiones de pasajeros que osaron en subir las tarifas, pero se vería muy mal porque simplemente no es la solución a este problema, sino por el contrario podría desencadenar la paralización total del transporte urbano, sobre todo cuando varios choferes ya no están dispuestos a seguir esperando una resolución a sus demandas.

Se imagina un día sin transporte urbano en Ciudad Victoria, sería el caos porque miles de victorenses utilizan los microbuses y camiones de pasajeros para ir a sus trabajos o sus escuelas.

De ahí, la importancia de que Lara Valdez asuma su responsabilidad y logre negociar un incremento al transporte urbano, sin recurrir a la vieja táctica de exigir unidades nuevas porque los dueños de las concesiones apenas y ganan para mantener las unidades en circulación por Ciudad Victoria.

En otro tema, ayer comenzaron los foros de la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la Cámara de Diputados con la presencia de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

El primer foro se denominó: ¿Qué poder judicial tenemos? y ¿Qué poder judicial queremos?, cuyos temas marcarán las negociaciones que se llevarán en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que preside el legislador morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz, quien dijo que sólo los escucharán, pero no habrá negociaciones porque el cambio constitucional ya lo ordenó el presidente López Obrador.

 Está revelación la hizo Robledo Ruiz hace un par de semanas, sin embargo, las críticas que surgieron parece que hicieron mella en el ánimo de la Cámara de Diputados, pero no hay duda de que veremos otra vergonzosa sumisión de los legisladores morenistas, quienes no le cambiarán ni una coma porque se puede enojar el político tabasqueño.

Y aunque hasta la propia candidata triunfadora de la elección del pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo, ha salido a decir que se respetarán los derechos labores de los trabajadores del PJF, sospechan que habrá cambios para apoderarse del dinero que tienen en los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal que asciende a 14 mil 400 millones de pesos.

En fin, se espera que la reforma del PJF sea con el interés de una justicia plena y expedita, pero todo parece indicar que sólo prevalecerá la sed de venganza de López Obrador en contra de la SCJN que echó para atrás varios cambios constitucionales de suma interés para él, como la reforma energética.

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