Moreira vs. Aguayo... y la libertad de expresión
La resolución de la SCJN exonerando al académico y periodista Sergio Aguayo de pagar los diez millones pesos impuestos por un juez que dio curso a la demanda interpuesta en su contra por el exgobernador Humberto Moreira, es un verdadero espaldarazo a la libertad de expresión, que hoy enfrenta graves peligros.
Es importante entender que si Moreira logró tener el respaldo de varios jueces fue porque en el Código Civil de la Federación existe un artículo que castiga el supuesto daño moral que se deriva de la difusión periodística.
Bajo el argumento de resarcir el daño moral sufrido por el exgobernador a causa de un artículo publicado por Sergio Aguayo en el periódico Reforma, se constituyó el ilícito.
El artículo 1916 del Código Civil de la Federación describe al daño moral como "la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás".
Sin embargo, lo grave es que en el cuerpo del texto de este ordenamiento descubrimos que el inciso número uno define que se considerará responsable de un hecho ilícito "A quien comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien".
Por tanto, este ordenamiento considera como hecho ilícito la difusión, no sólo de hechos falsos, —lo cual es entendible pues esto constituye el delito de difamación—, sino que este ilícito se configura aunque lo que se difunda sea verdadero y comprobable. Sólo en México se castiga la verdad.
Ahora que la SCJN dio la pauta es necesario que el Poder Legislativo realice una revisión de toda la legislación relativa a "libertad de expresión" y rectifique aquellos ordenamientos que restrinjan, censuren o penalicen el trabajo periodístico. Es necesario clarificar la ley a fin de que no existan riesgos de interpretación que afecten la libertad periodística.
LA NEGACIÓN COMO ACTITUD COTIDIANA
El presidente López Obrador insiste continuamente en que el Estado Mexicano no es quien asesina periodistas, sino la delincuencia. Sin embargo, es una verdad a medias que trata de evadir responsabilidades.
El periodista Armando Linares, director del portal "Monitor Michoacán", —asesinado en el municipio de Zitácuaro—, en un video difundido por televisión denuncia haber recibido amenazas y las atribuye directamente a las autoridades y deja claro: "seguiré denunciando corrupción y a políticos corruptos, aunque la vida nos vaya en ello". Tiempo después fue ultimado.
Tiene razón el presidente al decir que el brazo ejecutor —quien dispara la bala— no es el Estado Mexicano. Pero autoridades locales a lo largo del país tienen nexos con la delincuencia organizada y se apoyan en sus sicarios para eliminar periodistas incómodos, quedando ellos a salvo de la responsabilidad de la ejecución.
Es más cómodo para el presidente evitar responsabilidades para su gobierno y asumirse él como víctima de un complot de desprestigio nacional e internacional, en lugar de investigar con deseos de llegar a descubrir la verdad.
Con su actitud evasiva deja entrever su aversión hacia los periodistas, aunque de palabra diga otra cosa. ¿A usted qué le parece? (Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación)
Twitter: @homsricardo
