La disputa por la Nación: la hora de definición

A siete meses de su presentación, tras foros parlamentarios y debates, ha llegado la hora de definición para la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Energía del presidente López Obrador.  De su aprobación o rechazo pende el futuro de México. La narrativa oficial ha llevado la discusión a centrarse en el sector eléctrico, si bien toca al sector de hidrocarburos, la minería y la transición energética. La retórica maniquea ha dividido a la ciudadanía. El guion bien armado, anclado en verdades a medias, datos manipulados, aseveraciones falaces, repetido cual plegaria, oculta el fondo de la contrarreforma.

Hay que decirlo con claridad: Lo que está en juego es el futuro de México. La iniciativa no busca "fortalecer a CFE" o garantizar que "el litio sea de los mexicanos" como se repite incansablemente. Ambos objetivos se encuentran ya plasmados en nuestra Carta Magna. Lo que se pretende es transformar el modelo político y económico radicalmente. Bajo el membrete de transición energética se cuela el caballo de Troya en esta Iniciativa, el concepto se utiliza como vehículo para estatizar a la economía, mientras que la Comisión Federal de Electricidad se convierte en instrumento de control absoluto del Estado.  

En materia eléctrica, el texto vigente en nuestra Constitución establece que "corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica" (Art. 27), que son áreas estratégicas del Estado (Art. 28), y señala que el Estado podrá "celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica" (Art. 27), es decir en generación y comercialización. El Décimo Sexto Transitorio de la Reforma de 2013 mandata la creación del "Centro Nacional de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución". El Vigésimo Transitorio convierte a CFE y a Pemex en empresas productivas del Estado, cuyo objetivo es "la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental".

La Reforma Energética de 2013 establece un modelo nacionalista, con fuerte rectoría del Estado que se ejerce mediante pesos y contrapesos de diversos órganos del Estado (Sener, CNH, CRE, Cenace).  A la empresa eléctrica del Estado, CFE, se le dota de los instrumentos necesarios para fortalecerse, tomar control de su política de combustibles, participar en el mercado eléctrico, adquirir energía a menor precio, contar con recursos para ampliar líneas de transmisión y distribución, avanzar en la eliminación de la pobreza energética, ejerciendo los recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico.  

La iniciativa de contrarreforma propone borrar de un plumazo todo lo anterior. Establece como áreas estratégicas del Estado, a realizarse exclusivamente bajo el monopolio de CFE , "generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica". Se plantea que CFE sea "responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control; [sea] autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y [esté] a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta" (Art. 28 propuesto).