Hacer América grande otra vez
El regreso de Trump plantea interrogantes sobre los límites legales de sus políticas, en un momento donde la narrativa del odio y la exclusión vuelve a predominar
Donald Trump inició su segundo mandato con un discurso contundente, proclamando el inicio de una "época de oro" para Estados Unidos, con fuertes críticas a la administración de Joe Biden. Enfatizó en lo que calificó como una falta de cuidado hacia los estadounidenses y denunció una supuesta "invasión migratoria" que, según él, ha comprometido la seguridad y prosperidad del país. Entre las primeras acciones ejecutivas anunciadas, dio prioridad a las políticas migratorias y a la designación de cárteles criminales como grupos terroristas, dos medidas con profundas implicaciones para México.
Una de las acciones más significativas fue la declaración de emergencia nacional en la frontera sur para justificar el despliegue militar anunciado, y el uso de recursos federales para "blindar la frontera" con la construcción de muros, y la utilización de drones, entre otras medidas anunciadas. Desde el primer día de su mandato, Trump recurre al uso excesivo de poderes de emergencia, una medida cuestionable dado que el número de personas que cruzan la frontera de manera ilegal ha disminuido en los últimos meses. Asimismo, anunció el restablecimiento del programa "Permanece en México", que obliga a los solicitantes de asilo de otras nacionalidades a permanecer en territorio mexicano mientras esperan la resolución de sus casos. Este programa, implementado en su primer mandato, afectó a más de 74,000 solicitantes, de los cuales más del 80% reportaron haber sufrido abusos o violaciones al debido proceso. Para reactivar esta política, será necesaria la colaboración con el gobierno mexicano, esperemos que de aceptarlo, se haga a cambio de recursos y cooperación para una gestión migratoria adecuada.
Otro anuncio polémico fue su intención de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados, un derecho garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución. Esta medida seguramente enfrentará obstáculos legales por su inconstitucionalidad. Sin embargo, evidencia la dureza de su política migratoria. Trump ordenó también la suspensión temporal el programa de admisión de refugiados, restringiendo la entrada de quienes buscan protección humanitaria bajo el argumento de la seguridad nacional.
En el ámbito de la seguridad el presidente señaló que eliminará a pandillas del territorio estadounidense y designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que permitirá al gobierno estadounidense movilizar recursos financieros y militares para abordar el tema, generando preocupaciones sobre una posible intervención en territorio mexicano. Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, dejó claro que su administración utilizará todas las herramientas legales y de seguridad disponibles para reforzar su proyecto de orden y control.
La eliminación de herramientas para gestionar la migración de manera ordenada es también parte de sus políticas. La desactivación de la aplicación "CBP One", que permitió a casi un millón de personas programar citas en los puertos de entrada, deja a miles de migrantes en una situación incierta, agravando la crisis humanitaria en la frontera, además de abrir una oportunidad a los traficantes que ya están ofreciendo sus servicios a las personas que quedaron varadas con sus citas del lado mexicano.
El regreso de Trump plantea interrogantes sobre los límites legales de sus políticas. Estamos en un momento donde la narrativa del odio y la exclusión vuelve a predominar en la política de Estados Unidos, agravado con la eliminación de controles de las fake news en las redes sociales.
