¿Defensores de la militarización darán la cara a las próximas generaciones?

Encuentro sorprendentes perfiles entre los defensores de militarizar la seguridad pública hasta el grado de que el mando de la guardia nacional quede a cargo de la Sedena y que su presencia no tenga fecha de retorno a los cuarteles. No dedicaré tiempo a los perfiles que sexenio tras sexenio han empujado la falacia de que la militarización es inevitable aún frente a los datos de su fracaso. Pero sí considero útil visibilizar los raquíticos argumentos de algunos que antes daban la batalla por estrategias de paz a cargo de civiles y que ahora se envuelven en la bandera militar, aunque en el movimiento tropiecen o se enreden estrepitosamente sin mostrar vergüenza alguna.

Algunos de los que forman parte de los equipos de gobierno, otros simpatizantes de Morena y "analistas" del oficialismo consideran que, ahora que el presidente López Obrador es el jefe supremo de las fuerzas armadas, a diferencia de Calderón o Peña, sabrá liderearlas para que reduzcan la violencia y demuestre su estrategia de pacificación del país. Han tenido tres años para percatarse de que el liderazgo del presidente en materia de seguridad no ha dado un solo resultado positivo, al igual que sus predecesores.  

Si se requieren un par de datos que resulten contundentes para los voluntarios ilusos, están los meses más violentos de la historia del país. El Infobae registró más de mil asesinatos en el mes de abril y julio de este año en México. Los eventos de luchas entre cárteles en territorios en los que la guardia nacional había decidido no intervenir, no son la justificación para reforzar su perfil militar, sino una evidencia aterradora de la ausencia de estrategia y procuración de justicia por parte del gobierno. Las vidas que se pierden en el primer caso o en el segundo, son presentadas con falsas cifras y minimizadas en el discurso presidencial. Pero en cambio, derrocha elogios y recursos para las fuerzas militares pero que carece de empatía y acciones inteligentes que desde su gobierno garanticen la vida y la integridad de las y los ciudadanos sin violar los derechos humanos.  

Los parsimoniosos que no pagan con dolor propio estas decisiones hablan de daños colaterales. La estrategia de guerra tiene un costo y los oficialistas que defienden la militarización al mando de López Obrador y la Sedena ven la pérdida de la vida humana como un daño colateral.  

López Obrador se alejó demagógicamente del discurso de guerra de Felipe Calderón, pero igual que él y que Peña Nieto, llevado incluso a un extremo que parece irreversible, ha mantenido al país en guerra y los ciudadanos somos los rehenes tanto del crimen organizado como de su inoperante estrategia.  

Otros advierten que "la urgencia" de respuesta ante los actos de violencia extrema de la semana pasada en el Bajío, justifica el hecho de que se recurra a las fuerzas armadas, pese a que su presencia no haya inhibido estos actos criminales exterminadores de vida y de paz.  

¿No han notado que al militarizar la seguridad inducen la presencia de ejércitos de los Carteles del Crimen Organizado? No hay que olvidar que el Estado ya no tiene el monopolio de la violencia, se disputa el control territorial con el Crimen Organizado.  

No solo se pierden las vidas que aniquila el crimen en la impunidad de un territorio cada vez más dominado por ellos, sino que los datos muestran vidas perdidas y derechos violentados a manos de las fuerzas armadas. Datos de Causa en Común de diciembre de 2018 a abril de 2022, muestran que la Sedena, la Semar y la GN acumulaban 2,510 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH. Además, el 7 de marzo de 2022, la CNDH emitió la primera recomendación a la GN por "violaciones graves" a los derechos humanos, al acreditar que la institución "utilizó de manera ilegal la fuerza letal y mintió en sus informes iniciales sobre el caso". 

El presidente desea ampliar la agonía, en vez de apostar por la construcción de un cuerpo nacional civil y entrenado para la procuración de justicia y no para la guerra. Si se respeta la Constitución, faltan 586 días para que las fuerzas armadas dejen de hacer labores de seguridad pública y regresen a sus cuarteles: urge profesionalizar las policías y estructurar un plan de retiro progresivo de militares y marinos. 

De no suceder así, nos queda la digna tarea de ir llevando una lista de los defensores de esta estrategia de militarización y guerra fallida que nos ha dejado como legado miles de vidas perdidas. ¿Serán esos impulsores de guerra capaces de decirles a las siguientes generaciones que no había de otra?  

Que queden suficientes testimonios de que renunciaron a la posibilidad sin siquiera imaginarla.