18 palabras letales

Hay tanto ruido en el ambiente, que pasó bastante desapercibido el informe que dio a conocer el martes el Departamento de Estado sobre drogas. Es el reporte anual sobre la estrategia internacional para el control de narcóticos, en cuyo capítulo mexicano dice textualmente: "México no tiene una política gubernamental que estimule o facilite la producción o distribución de drogas. El presidente López Obrador ha tomado acciones legislativas y políticas para combatir que funcionarios lucren de sus relaciones con la organizaciones criminales trasnacionales. No obstante, la afiliación y la influencia que estas tienen con altos funcionarios del gobierno mexicano, continúan impidiendo de manera significativa los esfuerzos en México para el control de drogas".

Las últimas 18 palabras -en inglés- son mortales para el gobierno del presidente López Obrador. Le reconocen los esfuerzos institucionales que ha hecho, pero le dicen, tal cual, que su gobierno está penetrado por el narcotráfico. No son los alcaldes, los jefes de policías, los secretarios de administración, finanzas y obras de los municipios a los que apunta, sino en otros niveles de alta jerarquía y con capacidad para proteger a los cárteles de la droga. Lo excluyen de ser parte de la estructura criminal en el andamiaje de la llamada cuarta transformación, pero si lo sabe y no lo hace, lo convertirá en cómplice.

Esta conclusión es la que debe tomar en cuenta el presidente, para evitarla, con esta advertencia que le hace el Departamento de Estado al expresarle que ya tomaron nota de su tolerancia y carta blanca a los cárteles de la droga en México. La experiencia en este campo señala que esto escalará, y en la medida en que no vean en la Casa Blanca y el Departamento de Estado acciones concretas para cortar el apoyo de "altos funcionarios" a las organizaciones criminales, irán cerrando los espacios de maniobra de López Obrador mediante un incremento de presión, pública y privada.

El presidente ha tenido varios extrañamientos en ese sentido a lo largo de su sexenio, pero han sido inútiles. Se han incrementado en los últimos meses, pero ha sido refractario a ellos. López Obrador mantiene la misma postura complaciente con las organizaciones criminales y reitera que no las va a combatir. En Washington no lo han tocado directamente, pero como se ha señalado en este espacio, están abiertas investigaciones sobre cuatro miembros de su gabinete. Cuáles son, es desconocido en este momento. Sin embargo, tienen expedientes que han ido nutriendo por años la DEA y otras agencias federales. 

El que se conoce públicamente desde hace años es sobre Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, al que relacionan con lo que fue el poderoso Cártel de Guadalajara, y la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Hay otras investigaciones donde se han establecido vínculos con el Cártel de Sinaloa y con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Hay una más, relacionada con la facción sinaloense encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, con presuntas ramificaciones adicionales que no están lejanas del despacho presidencial. 

Varias de las investigaciones, sin profundizar en los detalles, ya son del conocimiento en Palacio Nacional, donde la única instrucción ha sido al canciller Marcelo Ebrard para neutralizar en lo que se pueda una posible acción en contra de Bartlett, y de precaución para otros miembros del gobierno sobre futuros viajes a Estados Unidos. Pero el problema no se encuentra únicamente en Estados Unidos. Dentro de las Fuerzas Armadas han crecido las suspicacias sobre altos oficiales que han sido comisionados en el sur del país que probablemente han caído ante los encantos económicos de líderes regionales del narcotráfico, quienes han estado apuntalando su control sobre amplias zonas con el respaldo de militares. El cambio en la bonanza rápida dinero en algunos comandantes de la Guardia Nacional, con relojes de alta gama y reconociendo apoyos directos a sus familias de personas relacionadas con los cárteles, ha sido notoria.

Sin embargo, no hay investigaciones dentro del gobierno sobre posibles actos de corrupción y vinculación de funcionarios o militares con el crimen organizado, ni tampoco, que se conozca, se ha iniciado un protocolo para verificar que colaboradores cercanos del presidente, en posiciones donde pudieran haberse dados contactos con narcotraficantes, no fueran comprados por ellos. Para que eso sucediera, López Obrador tendría que ordenarlo, pero se encuentra en otra discusión sobre el fenómeno, y buscando en el pasado, particularmente en el expresidente Felipe Calderón, el origen de la violencia del crimen organizado.

López Obrador podrá mantener ese discurso electorero, que tiene como audiencia la mexicana, y de esa manera escurrirse del problema de la violencia que se ha estado incrementando en golpes de impacto en las 10 entidades prioritarias, como Michoacán, donde este domingo sucedió la matanza en la comunidad de San José de Gracia. El soslayamiento del problema, y trasladar el fenómeno de la inseguridad al terreno de lo político, como lo hace cotidianamente el presidente, opaca la gravedad del desafío en México, pero aumenta la alerta y las sospechas entre los expertos y el gobierno de Estados Unidos. 

El presidente no escucha ni quiere escuchar lo que están diciendo sus vecinos, como concluyó el capítulo mexicano en el reporte del Departamento de Estado, al señalar que "el volumen de drogas peligrosas que están entrando a Estados Unidos desde México, y el crimen violento (en este país), permanecen alarmante e inaceptablemente alto". 

Está enfocado en seguir acusando a Estados Unidos de injerencista y en pedirles explicaciones del porqué donan recursos a organizaciones que considera adversarias a él. No hay respuesta de los otros señalamientos sobre seguridad. No dijo una sola palabra ayer como respuesta al informe del Departamento de Estado, ni replicó la afirmación de que "altos funcionarios" actúan en complicidad con los cárteles de las drogas. Las señales que sigue enviando López Obrador son perjudiciales para él, para su gobierno y para su proyecto. Fugarse hacia adelante no es la solución. 

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