Caso ABC: Emblema de la impunidad

Cuatro años después del incendio en la guardería ABC, la exigencia de justicia no ha sido cumplida por ninguna autoridad para los padres de los 49 niños muertos y más de 70 afectados.

"Este es el imperio de la impunidad y con este gobierno tengo pocas esperanzas", expresa desilusionado Abraham Freijo, miembro del Movimiento 5 de Junio.

Durante todo este tiempo los papás de los niños muertos y afectados por el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, han buscado con marchas, mítines, juicios populares, demandas, cartas, entrevistas y hasta con peticiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se investigue y se castigue a los responsables del hecho.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha logrado nada.

De las 29 personas procesadas por su presunta responsabilidad, sólo Delia Irene Botello Amante, excoordinadora zonal de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), permanece presa en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Hermosillo, porque no tiene derecho a fianza.

Ahora existe una nueva línea de investigación, basada en una sospecha que se manejó entre los padres de los niños de la guardería desde el principio y que ya sigue la Procuraduría General de la República (PGR), la cual apunta a la responsabilidad del exgobernador Eduardo Bours Castello.

De acuerdo con el documento entregado a la PGR por la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, el incendio en la bodega aledaña a la guardería ABC que servía de almacén de la Secretaría de Hacienda estatal "fue intencional" y fue ordenado por funcionarios del gobierno de Bours.

Con base en la investigación que hizo este grupo, integrado por padres de los infantes fallecidos y lesionados, el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 "no se trató de un hecho accidental ni fortuito", sino que fue "ordenado y dirigido" por Juan Carlos Lam Félix, quien se desempeñaba como secretario técnico del poder ejecutivo local en el gobierno de Bours.

Según el documento, cuya copia tiene Proceso y el cual fue entregado al procurador general de la República Jesús Murillo Karam el 17 de abril, el siniestro tuvo como propósito "destruir información documental relacionada con la deuda de $ 10,000,000,000.

00 (Diez mil millones de pesos) generada en ese sexenio por el Plan Sonora Proyecta, que fue el principal programa de obras de ese gobierno".

De acuerdo con la investigación del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, el acto lo ordenó Lam Félix y fue ejecutado por su chofer y guardaespaldas Carlos Andrés López Meza, quien meses más tarde, el 18 de agosto de 2009, fue encontrado a las afueras de Hermosillo ejecutado de nueve balazos.

Según un testigo que se encontraba en la nave industrial donde ocurrió el incendio -conformada en parte por la guardería y en parte por la bodega del gobierno estatal, separadas sólo por una pared improvisada que no llegaba hasta el techo-, López Meza estuvo en el lugar a bordo de su camioneta pick up negra y, en un diálogo con otras dos personas, lo escuchó decir que "lamentaba lo que iba a suceder".

Una de esas personas era Efraín Castillo Guerrero, funcionario del gobierno de Bours, indica el mismo documento, que se halla en manos de la PGR.

En la información entregada al procurador Karam se indica que hay una persona identificada que posee un testimonio por escrito de un funcionario en el que narra la forma en que procedieron a la quema y destrucción de la papelería que, les encomendaron, debería desaparecer usando turbosina que previamente sacaron del hangar del gobierno estatal en el aeropuerto de Hermosillo.

El texto indica que de esto estuvo enterado el procurador Abel Murrieta Gutiérrez, quien en ningún momento mandó llamar a declarar a los testigos para que presentaran sus testimonios y se ampliara la averiguación previa que se abrió por el siniestro ocurrido en la bodega donde estaba la guardería ABC.

A partir de la denuncia presentada el 17 de abril pasado por el abogado de la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, la PGR abrió la averiguación previa 19/2013 en la zona norte.

Renato Sales, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, indicó que por indicaciones del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se revisarán todas las actuaciones que en 2009 realizó la PGR sobre el incendio en la guardería ABC.

"Se va a investigar todo lo que tenga que ver con ese fideicomiso (Plan Sonora Proyecta).

De hecho se han solicitado ya informes a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; estamos esperando alguna documentación.

Acudiremos a revisar, vamos a buscar indicios vinculados a la presencia de ese fideicomiso. documentación, si algo permanece y cómo se manejó ese dinero", dijo el subprocurador de la PGR en declaraciones hechas públicas en distintos medios.

En entrevista con Proceso, el abogado Gabriel Alvarado dice que estas nuevas pruebas entregadas a la PGR buscan llegar a la verdad histórica del caso y fincar responsabilidades.

"Finalmente recordar que a raíz de esos hechos murieron 40 niños.

No se trata de señalar responsables, sino que se aclare la situación, y para ellos se pone a conocimiento de la PGR una serie de circunstancias que implican nombres y detalles de lo que eventualmente pudo haber pasado allí", precisa el abogado.

Recuerda que el Plan Proyecta Sonora era el proyecto más ambicioso de Bours, pero fracasó.

Este ambicioso plan, dice, consistía en llevar a cabo 100 obras viales, de transporte, de pavimentación, hidráulicas, parques recreativos, infraestructura de turismo, circuitos interiores en algunas de las principales ciudades, etcétera, para lo cual se requería de una inversión inicial de 4 mil millones de pesos.

El gobernador Bours pidió en 2007 un préstamo a Banorte a cuenta de bonos basados en los impuestos prediales y de autos que cobraría a lo largo de tres décadas.

Pero como no fue aprobado por el Congreso estatal la deuda subió de inmediato, con intereses, 520 millones de pesos más en los primeros siete meses.

El gobernador Bours dijo que con ese proyecto se contemplaba una derrama económica de alrededor de 152 mil millones de pesos que impactaría al estado.

Pero el esquema financiero de deuda bancaria no fue aprobado de inmediato sino hasta un año después, en 2008, y al final los intereses siguieron creciendo y el estado quedó endeudado por 19 mil millones de pesos a pagar en 30 años.

Las pruebas de las irregularidades cometidas por la hacienda del estado presuntamente fueron las que se quemaron intencionalmente en la bodega aledaña a la guardería ABC.

INCRIMINAR

JURÍDICAMENTE

"Prácticamente la estrategia de Bours y su equipo estaba consumada.

Los socios de la guardería eran los grandes culpables ante toda la sociedad", señala el documento, en el cual se acusa también al exgobernador de falsear un oficio del IMSS "para incriminar más a los socios de una manera definitiva".

Se trata del oficio 23180 del jefe de Prestaciones Económicas del IMSS, Emigdio Martínez García, fechado el 26 de julio del 2005, "cuyo contenido es contrario a toda la demás documentación expedida por el propio IMSS relacionada con la guardería ABC, la cual adulaba el buen funcionamiento de la guardería".

Es decir, que Bours trató de poner una nueva trampa e "incriminar jurídicamente" a los socios de la estancia infantil, pues dicho oficio resultó apócrifo", según declaró ante el Ministerio Público Martínez García.