Venezuela rechaza decisión de Chile de acoger a opositor

CARACAS  — En un comunicado divulgado el sábado, la cancillería venezolana expresó su rechazo a la decisión del gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera de “acoger” en su sede diplomática a Emilio Graterón, señalado por el gobierno de Maduro de ser uno de los “promotores de la violencia” registrada en las últimas semanas en una de las barriadas más peligrosas de Caracas y que es “solicitado desde hace días por la justicia venezolana”.

El ministerio de Relaciones de Exteriores de Chile, informó previamente en un comunicado que Graterón fue “acogido en calidad de huésped en la Residencia de la Embajada de Chile en Venezuela”.

“La decisión del Gobierno de Chile obedece a una solicitud del líder de la oposición Juan Guaidó y tiene por objeto brindar protección a esta persona, quien sufre persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro”, acotó el escrito.

“El Gobierno de Chile reitera que es inaceptable la existencia de presos políticos en Venezuela y que la detención arbitraria del diputado Freddy Guevara, constituyen hechos que atentan contra normas básicas de los derechos humanos, el respeto de las garantías individuales y la generación de confianzas para avanzar en una transición plena hacia la democracia en ese país”, añadió el gobierno chileno.

Graterón, exalcalde del municipio de capitalino de Chacao, es acusado junto al líder opositor Juan Guaidó, el exdiputado Freddy Guevara y Leopoldo Lopez, fundador del Partido Voluntad Popular, de formar parte de una supuesta trama en la que una de las mayores bandas delictivas de Venezuela estaría a cargo de generar violencia para desestabilizar al gobierno y asesinar a Maduro durante los festejos del 24 de junio, en que se conmemoraron los 200 años de la Batalla de Carabobo y el 5 de julio, Día de la Independencia.

Maduro anunció el miércoles que dio instrucciones a la cancillería para que solicite a España la extradición de López —mentor de Guaidó— al que acusa de ser el “principal propiciador de golpes de Estado, violencia terrorista y ahora esta violencia delincuencial”.

Miembros de la banda de “El Koki” —desarticulada entre el 7 y 9 de julio tras un sangriento enfrentamiento entre delincuentes y más de 2.400 funcionarios de seguridad desplegados en el oeste de Caracas— supuestamente iban a abrir fuego contra un desfile militar el 5 de julio desde lo más alto de las barriadas de la avenida llamada Cota 905, una zona montañosa tamizada de casuchas construidas en su mayoría con materiales de desechos, donde operan desde hace años.

Guevara, por su parte, fue aprehendido el 12 de julio por orden de la Fiscalía General, imputado de los presuntos “delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria”.

Maduro ha dicho que la Fiscalía “ha encontrado que buena parte” de las balaceras, registradas en los últimos meses desde sectores donde operaba la banda, “se prepararon con tiempo, se financiaron y se dirigieron por vías telemáticas desde Madrid”.

Los adversarios del mandatario han rechazado las acusaciones, afirmando que son una “excusa” del gobierno para arremeter contra sus adversarios políticos. Sostienen además que las bandas criminales en Venezuela se han fortalecido debido al fracaso de las políticas de seguridad pública del gobierno, entre las que se incluyó el retiro de las fuerzas policiales en sectores peligrosos para promover el desarme voluntario de los delincuentes.

En su cuenta de Twitter, Guaidó agradeció a Chile la acogida de Graterón, resaltando que fue una medida “que solicitamos en defensa de sus derechos humanos, por la persecución del régimen en su contra y contra la alternativa democrática”.

Guaidó, cuando era presidente de la pasada Asamblea Nacional, se proclamó presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por Chile, Estados Unidos y otras varias decenas de países como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideran que los comicios de 2018 en los que Maduro fue reelecto fueron fraudulentos.