Migrantes esperan decisión sobre restricciones al asilo
Defensores de derechos de los mismos han dicho que las limitaciones van en contra de las obligaciones estadounidenses
Francisco Palacios esperó durante horas con su esposa y su hija de tres años en un cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego el miércoles temprano, para después irse a un hotel cercano para dormir una siesta de tres horas. Regresaron con las maletas hechas, sólo para volver a decepcionarse. Sin embargo, la familia oriunda de la ciudad mexicana de Morelia está dispuesta a esperar a que la Corte Suprema de Estados Unidos emita una decisión sobre si retirará las restricciones implementadas a causa de la pandemia de COVID-19 que han evitado que muchos migrantes soliciten asilo, y anuncie la fecha en la que lo haría, señaló Palacios.
- EL PASO, Texas
Su familia llegó a Tijuana hace dos semanas para huir de la violencia y de las pandillas que los extorsionaron durante años por una parte de sus ingresos obtenidos por la venta de fruta en la calle.
Se encuentran entre los miles de migrantes reunidos a lo largo del lado mexicano de la frontera, acampando al aire libre o refugiándose en albergues mientras el clima se hace más frío.
Las restricciones a los cruces fronterizos iban a expirar el miércoles, pero una coalición de estados de tendencia conservadora pretende que el máximo tribunal estadounidense las mantenga en vigor. El gobierno del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema que ponga fin a las restricciones, pero no antes de Navidad. No está claro cuándo tomará una decisión la corte.
Defensores de derechos de los migrantes han dicho que las restricciones van en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución, y que el pretexto de que se implementaron para evitar contagios de coronavirus ya ha quedado obsoleto debido a los tratamientos existentes contra la enfermedad. Entablaron una demanda para poner fin al uso del Título 42, un juez falló en su favor en noviembre e impuso el plazo del 21 de diciembre.
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Sin embargo, estados de tendencia conservadora apelaron la decisión ante la Corte Suprema, advirtiendo que un aumento en la migración causaría estragos en los servicios públicos y provocaría una “calamidad sin precedentes” contra la cual el gobierno federal no tenía un plan.