Prevén fuerza excesiva

El enfoque de los legisladores republicanos hacia la inmigración siguió evolucionando el jueves cuando un comité del Senado de Texas amplió un proyecto de ley relacionado con la frontera para crear una sentencia mínima obligatoria de 10 años para los traficantes de personas y convertir en delito que los inmigrantes ingresen al estado por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada.

• AUSTIN, Texas

Los cambios del jueves del senador Brian Birdwell, republicano de Granbury, fueron el último avance en los esfuerzos republicanos para endurecer la respuesta del Estado a los cruces récord en la frontera entre Texas y México. Esos intentos también están poniendo a prueba los límites de la autoridad de un estado para hacer cumplir las leyes de inmigración, que tradicionalmente han sido competencia del Gobierno federal.

Las disposiciones se agregaron al Proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes (HB 7), que crearía una unidad estatal de Policía Fronteriza y dedicaría 100 millones de dólares para nuevos centros de detención, tribunales, seguridad y proyectos de desarrollo económico para las comunidades fronterizas.

El comité envió la HB 7 al pleno del Senado con una votación de 3-2 el jueves por la noche. Todos los republicanos estaban a favor, ambos demócratas se oponían.

La semana pasada, los demócratas en la Cámara usaron una táctica de procedimiento para eliminar con el Proyecto de Ley 20 de la Cámara del representante Matt Schaefer, republicano por Tyler, que habría creado una unidad estatal de Policía Fronteriza con civiles autorizados a servir como oficiales. Los opositores lo denunciaron como una extralimitación inconstitucional que habría permitido "vigilantes" sin licencia.

Pero los republicanos de la Cámara rescataron gran parte del proyecto de ley de Schaefer al agregarlo a la HB 7 del representante Ryan Guillén, republicano de Rio Grande City, aunque el proyecto de ley revisado requería que los miembros de la unidad fueran agentes del orden autorizados y limitaba la actividad de la unidad a las comunidades fronterizas donde los comisionados del Condado habían dado su aprobación.

También faltaban disposiciones de Schaefer que habrían creado nuevas sanciones penales por ingresar al estado entre puertos de entrada, además de sentencias mínimas obligatorias por tráfico de personas. El proyecto de ley revisado de Guillén también omitió el lenguaje que otorga a los oficiales de la nueva unidad fronteriza la autoridad para "disuadir y repeler" a los inmigrantes en la frontera.

Empoderar a los oficiales estatales para decidir quién cruza ilegalmente la frontera con México entra en conflicto con la ley federal de inmigración.¨ Samantha Serna Uribe, Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense

´CONSTRUYEN´ DELITO ESTATAL

Birdwell dijo que el proyecto de ley estaba creando un delito estatal que la nueva unidad policial haría cumplir. Si no se sospechaba ningún delito, dijo, la unidad entregaría a las personas a las autoridades federales para su procesamiento.

Pero los opositores dijeron que el proyecto de ley era un claro esfuerzo de los legisladores para impugnar un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los límites de la capacidad de un estado para hacer cumplir la ley de inmigración.

"Empoderar a los oficiales estatales para decidir quién cruza ilegalmente la frontera con México entra en conflicto con la ley federal de inmigración", dijo Samantha Serna Uribe, abogada del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense, que se opuso al proyecto de ley.

Birdwell dijo que le había dicho a Guillén sobre los cambios que hizo a la HB 7 y esperaba que las dos cámaras tuvieran que resolver las diferencias en un comité de conferencia.