Demandan a sheriffs de Texas
Agosto 24, 2023 -
Denuncian que miles de personas han sido detenidas más tiempo del que deberían, bajo la operación Lone Star, del gobernador Abbott
AUSTIN, Texas
Una querella, presentada en el Distrito Oeste de Texas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Defensa Justa de Texas y el bufete de abogados Covington & Burling, con sede en Washington, D.C., afirma que miles de personas fueron detenidas más tiempo del que deberían bajo la Operación Lone Star, el programa de control fronterizo que el gobernador Greg Abbott lanzó en 2021.
Los defensores de los derechos de los migrantes presentaron una demanda federal contra dos Sheriffs del sur de Texas y dos directores de prisiones estatales en nombre de cuatro inmigrantes mexicanos, en la que se alega que estuvieron en prisión hasta seis semanas después de que cumplieron sus sentencias o se les retiraron los cargos de allanamiento.
Una publicación de The Texas Tribune señala en su edición digital que los abogados de los inmigrantes piden una indemnización monetaria.
La demanda nombra a los Sheriffs de los condados de Kinney y Val Verde y a los directores de las prisiones estatales unitarias de Briscoe y Segovia. Según la querella, los arrestos los realiza principalmente el Departamento de Seguridad Pública (DPS) y la oficina del Sheriff de cada condado.
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"En su diseño y ejecución, ´atrapar y encarcelar´ impone detención; el debido proceso es, como mucho, una ocurrencia tardía", afirma la demanda. "Previsiblemente, si no intencionalmente, el esquema ha violado los derechos humanos y civiles de cientos, si no miles, de personas".
"El gobierno no puede simplemente agarrar a quien quiera de la calle y encerrarlo en jaulas mientras lo desee", señaló Camilla Hsu, abogada gerente de litigios en Texas Fair Defense Project.
Como parte del programa, Abbott envió miembros de la Guardia Nacional y policías estatales a diferentes partes de la frontera entre Texas y México para que los oficiales pudieran arrestar a los inmigrantes que cruzaban la frontera sin permiso y acusarlos de un delito menor de allanamiento.
Según la querella, Edgar Garces Robles, de 31 años; Ramiro Soto Altamirano, 28; Juan José Soto Hernández, 54; y Rodolfo Ruiz de la Cruz, de 57 años, fueron arrestados por allanamiento de morada en los condados de Val Verde y Kinney entre agosto y septiembre de 2021. Los cuatro son de Coahuila, uno de los cuatro estados mexicanos que limitan con Texas.
Los indocumentados son sorprendidos entre el monte, los detienen y encarcelan por ´invasión a la propiedad´.
Robles fue detenido el 30 de septiembre de 2021 en el condado de Val Verde y transportado a la Unidad Dolph Briscoe, una prisión estatal en Dilley. El 10 de enero de 2022, se retiró el cargo de allanamiento en su contra, pero no fue liberado de la prisión hasta 19 días después, dice la demanda.
Altamirano y Hernández fueron arrestados el 30 de agosto de 2021 y el fiscal del condado de Val Verde se negó a procesar los cargos de allanamiento de morada en su contra, señala la querella, pero ambos estuvieron detenidos durante 42 días después de que los fiscales rechazaran sus casos.
Ruiz de la Cruz fue detenido el 24 de septiembre de 2021 en el condado de Kinney bajo sospecha de allanamiento. La demanda dice que Ruiz de la Cruz no tuvo su primera aparición después de la magistración hasta 110 días después.
El 12 de enero de 2022, a Ruiz de la Cruz "se le prometió la liberación inmediata" si no impugnaba el cargo de delito menor. Estuvo de acuerdo y fue sentenciado a 80 días de encarcelamiento con crédito por el tiempo cumplido, señala la demanda. Pero no fue liberado hasta otros 13 días después.
´ES POLÍTICA INCENDIARIA´
Una vez que los cuatro hombres fueron liberados, los oficiales los entregaron a los funcionarios federales de inmigración.
El Sheriff de Val Verde, Frank Martínez, no respondió de inmediato a un mensaje de texto del Texas Tribune en busca de comentarios. Un portavoz del Sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, y un portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas, que supervisa las prisiones, dijeron que no podían comentar sobre litigios pendientes.
"La política y las políticas fronterizas crueles de Texas son un desperdicio, incendiarias y están plagadas de abusos contra los derechos humanos y civiles", dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas. "El gobernador Abbott ha manipulado el poder ejecutivo sin control y las leyes penales del estado para ejercer control sobre las comunidades fronterizas y poner en peligro a los migrantes. En los Estados Unidos y en Texas, el gobierno no puede imponer sanciones penales sin el debido proceso legal".