Acusan de sobornos a congresista

• AUSTIN, Texas

El representante federal por Texas Henry Cuéllar y su esposa fueron acusados de asociación delictuosa y de recibir sobornos, y fueron detenidos el viernes en relación con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los vínculos de la pareja con la república de Azerbaiyán.

Entre 2014 y 2021, el demócrata Cuéllar, de 68 años, y su esposa aceptaron casi 600,000 dólares en sobornos de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y de un banco en México. A cambio, accedió a promover los intereses de la antigua república soviética y del banco en Estados Unidos, según el acta acusatoria.

Entre otras cosas, Cuéllar aceptó influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y pronunciar un discurso a favor de Azerbaiyán en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según la acusación.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la pareja se entregó a las autoridades el viernes y fue detenida. Tuvieron una comparecencia inicial ante un juez federal de Houston y fueron dejados en libertad con una fianza de 100,000 dólares cada uno, añadió la dependencia.

El veterano congresista emitió un comunicado el viernes en el que dijo que él y su esposa, Imelda Cuellar, de 67 años, "son inocentes de estas acusaciones".

"Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas", afirmó Cuellar. "Antes de mis acciones, busqué proactivamente asesoramiento legal del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, que me dio más de una opinión por escrito, junto con una opinión adicional de un bufete de abogados nacional".

"Además, solicitamos una reunión con los fiscales de Washington D.C. para explicarles los hechos y se negaron a discutir el caso con nosotros o a escuchar nuestra versión", añadió.

Ni Cuéllar ni su abogado respondieron de momento a llamadas hechas en busca de comentarios sobre el asunto.

Además de los cargos de recibir sobornos y asociación delictuosa, la pareja tiene ante sí otros cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico, actuar como agentes de entidades extranjeras y lavado de dinero. Si son declarados culpables, enfrentan la posibilidad de pasar décadas en prisión y que les sea confiscada cualquier propiedad vinculada a ganancias del presunto plan ilegal.

En un principio, los pagos que recibía la pareja pasaban por una empresa fantasma ubicada en Texas, propiedad de Imelda Cuéllar y de dos de los hijos de la pareja, según la acusación formal. Esa compañía recibía pagos de 25.000 dólares mensuales de parte de la empresa energética de Azerbaiyán bajo un "contrato falso", presuntamente a cambio de servicios de consultoría estratégica y asesoría no especificados.

"En realidad, el contrato era una farsa utilizada para disimular y legitimar el acuerdo corrupto entre Henry Cuéllar y el gobierno de Azerbaiyán", señala la imputación.

Bajo el acuerdo, Imelda enviaba una factura falsificada a la oficina de la compañía energética de Azerbaiyán en Washington, D.C., en la que afirmaba que había completado su trabajo.

"De hecho, Imelda había realizado poco o ningún trabajo legítimo bajo el contrato", agrega la acusación formal.

La imputación también alega que un diplomático azerbaiyano se refería a Henry Cuellar en mensajes de texto como "el Jefe", y también que un integrante del personal de Cuellar envió varios correos electrónicos a funcionarios del Departamento de Estado en los que los presionaba para que le renovaran el pasaporte estadounidense a la hija de un diplomático azerbaiyano.

Durante cierto tiempo Cuéllar fue copresidente del Caucus de Azerbaiyán en el Congreso.

El FBI registró la casa del legislador en la ciudad fronteriza de Laredo en 2022, y el abogado de Cuéllar en esa época dijo que Cuéllar no era el objeto de la investigación. Ese registro era parte de una investigación más amplia relacionada con Azerbaiyán, en la que agentes del FBI entregaron varias citaciones y realizaron entrevistas en Washington, D.C., y Texas, le dijo previamente a The Associated Press una persona con conocimiento directo de la pesquisa. La persona carecía de autorización para hablar públicamente sobre el tema y pidió guardar el anonimato.

Cuéllar y su esposa fueron acusados de conspiración y soborno.