TEPJF: crisis que no para de crecer

La solución a la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es temporal y, con la elección de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el cuarto presidente del órgano en menos de una semana, los juzgadores se proponen resolver la marea de impugnaciones de las elecciones del 6 de junio último.

Con ese respiro, y una vez resuelto el grueso de los recursos, entonces sí los magistrados deberán recorrer el procedimiento de selección del nuevo presidente, que se iniciará con la emisión de convocatoria el próximo 1 de septiembre para renovar una vez más la presidencia del órgano jurisdiccional.

La premura por resolver el desencuentro entre los magistrados electorales es explicable: el viernes 13 la Sala Superior del órgano de justicia electoral enfrentaba un alud de mil 468 impugnaciones pendientes, de las cuales 108 son por la elección federal.

Lo anterior es el acumulado de asuntos que se encuentran en instrucción en la Sala Superior y los que van en camino a ésta, procedentes de las siete salas regionales y la especializada.

Una consulta realizada a los asuntos en instrucción del TEPJF, al cierre de esta edición, permite observar que sólo en la Sala Superior hay 440 casos por resolver, 81 de los cuales son impugnaciones a la elección de diputados federales que deben quedar resueltos antes del 31 de agosto, a fin de que, un día después entre en funciones la LXV Legislatura. A estos se suman 27 expedientes adicionales que aún no llegan.

CARGA DE TRABAJO

Con esa carga de trabajo, cada día cuenta de manera que la crisis detonada el miércoles 4, con la destitución de José Luis Vargas Valdez por cinco de los siete magistrados, atoró, además de las impugnaciones a la elección federal, aquellas que podrían regresar el registro a algunos de los partidos que lo perdieron –destacadamente, Fuerza por México, que mantiene 10% de las impugnaciones– y las que tienen que ver con la elección de las gubernaturas de Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Guerrero y Michoacán.

Además, los casos de Campeche y Michoacán están pendientes de escalar de la sala regional a la Superior del TEPJF.

De ahí que, apenas resuelto el enfrentamiento entre los magistrados la madrugada del martes 10, su primera acción como colegiado ese mismo día fue sortear los expedientes de las gubernaturas.

El jueves 5 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desayunó en Palacio Nacional sin que la conversación sostenida entre él, como titular del Poder Judicial, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo, fuera del todo transparente.

En conferencia

Lo que sí era claro desde la conferencia mañanera del mandatario en esa fecha es que Rodríguez Mondragón era un perfil sin simpatía en Palacio Nacional, dada la proximidad que se le atribuye con varios calderonistas, destacadamente con Roberto Gil Zuarth. En lo público, el rechazo presidencial se fundó en la exhibición de un tuit apócrifo en el cual el magistrado supuestamente descalificaba en malos términos al presidente López Obrador.

A su vez, desde el Legislativo, el senador Ricardo Monreal reclamaba a la misma hora del desayuno entre titulares del Ejecutivo y el Judicial, la reinstalación de Vargas Valdez, quien se ha ganado fama de ser un magistrado complaciente con el gobernante en turno.

Por la tarde del mismo 5 de agosto, Zaldívar Lelo de Larrea recibió a los inconformes, quienes le expusieron sus cuitas ante el ministro y éste, por su parte, expuso el viernes 6 en conferencia de prensa el sentido público de la reunión, advirtiendo tres aspectos:

Que tenían buena disposición para retomar la ruta institucional, que la posición de Vargas Valdez era insostenible y le recomendaba “respetuosamente” dar “un paso a lado” e, implícitamente, que la disolución del actual pleno en el TEPJF no estaba en los planes inmediatos, tema que el presidente López Obrador perfilaba en sus declaraciones considerando que renunciar a sus puestos en la Sala Superior era la decisión necesaria hasta “por dignidad”.

En el encuentro del G-5 con el ministro Zaldívar se habría perfilado que fuera electa la magistrada Otálora en lugar de Rodríguez Mondragón para resolver el conflicto. La idea era no sólo resolver el conflicto interno, sino también evitar el desgaste con el Ejecutivo.

Cronología de la crisis

Desde su integración en 2016 el tribunal ha sido conflictivo no sólo por diferencia de criterios, sino por auténticas animadversiones entre sus siete magistrados electorales, una expresión frecuente desde finales de abril, cuando decidían sobre las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

Bautizados como el G-5 (Grupo de los 5), los magistrados Janine Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y Felipe de la Mata Pizaña, detonaron la rebelión contra el hoy expresidente José Luis Vargas Valdez, solicitando el miércoles 4 revisar su desempeño, soterradamente acusándolo de representar la injerencia del Ejecutivo.