Temen por sus vidas jueces del caso Rubí

La situación de linchamiento social y político al que se han visto sometidos los jueces que absolvieron al asesino de Rubí Frayre, les hace temer por sus vidas, ya que han sido amenazados.

Los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib admitieron ante Grupo REFORMA que están siendo sometidos a una gran presión, que los han orillado a planear la petición de un asilo político y en ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Pedimos protección, porque esta actitud de linchamiento que se está proyectando, obviamente empieza a generar ya temor en lo personal, incluso, hay fuertes manifestaciones de la gente hacia nosotros por la supuesta liberación de un homicida confeso", dijo el juez Boudib.

Los jueces, sobre quienes pesa ya un proceso de juicio político en el Congreso de Chihuahua, coincidieron en afirmar que se les ha condenado a nivel mediático por una confesión de homicidio que jamás existió.

Representados por el abogado Maclovio Murillo Chávez, los jueces resaltaron que la actitud del Gobierno de César Duarte Jáquez representa un ataque a la independencia del Poder Judicial.

"Se ha manejado que los jueces dejaron libre a un asesino confeso, obviamente que eso irrita a cualquier ser humano. Sin embargo, en este caso yo he revisado las videograbaciones y en ninguna parte he encontrado que se haya ofrecido como prueba una confesión, es más, el imputado se negó a declarar en uso de su derecho", puntualizó Murillo Chávez.

Resaltó que el imputado Sergio Barraza hizo uso de la voz en el término del juicio, y en este textualmente expresó:
"Yo sé, verdad, va a dirigido a la señora Marisela, yo sé que es un daño grande, al igual que nadie lo va a poder reparar, verdad, y como ella lo ha manifestado que no me perdona, de antemano te pido perdón porque yo sé que es un daño grande y al igual es cierto que tú decías dónde estaba Dios y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo y hoy me he dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal y pues no tengo palabras, es todo".

El abogado resaltó que de esa declaración no se desprende una confesión de culpabilidad, en donde el imputado admita que privó de la vida a Rubí Marisol Frayre Escobedo.

"Está tan confusa la forma, que bien puede referirse a que le pide perdón por haberle dado una mala vida en la relación que llevaban, entonces un juez no puede considerar confesión una expresión tan difusa, tan confusa", dijo, "la confesión en materia penal tiene que ser expresa y no implícita o tácita".

Otras de las pruebas presentadas fueron los dichos de varios testigos entre los que se cuentan policías, el reconocimiento ante ellos de que él (Sergio Barraza) la mató.

"En nuestro sistema los testigos de oídas carecen de toda validez, y no hubo reconocimiento de culpa ante un juez o ante un Ministerio Público", dijo el abogado.

Aseguran que nunca hubo confesión

Los tres jueces le respondieron al Gobernador César Duarte su reclamo por dejar libre a un "asesino confeso", al rebatirle que no hubo tan confesión.

"La confesión es aceptar un hecho, pero en este caso el acusado en ningún momento les hizo saber alguna confesión", expresó la jueza Catalina Ochoa Contreras al programa Expectativa Noticias del Canal 28 de red estatal.

"El hecho de que le haya pedido perdón a la señora Marisela (Escobedo) no implica ninguna confesión, porque lo que los jueces estamos obligados a cumplir con la ley y para condenar a una persona, nosotros no tenemos que tener lugar a dudas".

La jueza dijo que no existieron las pruebas suficientes de parte de los agentes del Ministerio Público y que no se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual fue llevado a cabo el homicidio de la hija de la activista asesinada el pasado 16 de diciembre a las puertas del Palacio de Gobierno.

El Gobernador de Chihuahua dijo en días pasados que se buscaría fincarles un juicio político a los jueces y hasta una responsabilidad penal, por haberse atrevido a liberar a un asesino confeso.

"Se maneja que si nosotros no hubiéramos dejado en libertad a esta persona a lo mejor no hubiera pasado la muerte de la señora Marisela, nosotros no tenemos el control de nadie, ya después de la decisión judicial que se toma nosotros no podemos controlar a ninguna persona que es lo que haga o no con su vida, si a esas vamos nos vamos a quedar sin juzgadores, porque ellos van a tener que responder por los actos que haga la persona que dejan en libertad", aclaró Ochoa.

Resaltó que ella y sus colegas Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid fueron suspendidos desde el día 18 de diciembre, lo que juzgó como un acto indebido.

Anunció que emprenderá toda una cruzada de defensa de sus derechos y de la independencia del Poder Judicial, vulnerado con la intromisión del Poder Ejecutivo.