Suprime Senado pedir antecedentes no penales

La industria privada se pronunció en contra de la eliminar la carta de antecedentes no penales como requisito para pedir empleo en México, al considerar que es un país con alta incidencia delictiva.

Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco), dijo que sería un retroceso para el país y el estado, toda vez que hay sectores en los que es necesario pedir este documento, principalmente en las áreas de seguridad.

"Eso le queda a un país que no tenga los índices delincuenciales altos; es para un país que lo tenga bajo. Con los índices que tenemos, lógicamente México no es candidato para ello, el país no está en esas condiciones, pero hay que ver cómo es el comportamiento", dijo.

El pasado martes, el Senado de la República avaló con 69 votos a favor las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores privados y de las instituciones públicas no puedan solicitar la carta de antecedentes no penales, bajo la premisa de crear una verdadera oportunidad de reinserción social.

El documento de la iniciativa señala que las personas que salen de prisión enfrentan discriminación en público, pero también en oportunidades laborales, al cerrarles ofertas por contar con antecedentes delictivos. La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados para recibir el aval.

El empresario insistió que de aprobarse de aprobarse la reforma será "Un retroceso, claro que es un retroceso; lógicamente países que no tienen tasas como las que tenemos podría aplicarse este proceso, pero en México eso es lo que veríamos".

En Tamaulipas, dijo, no es muy común que se soliciten las cartas de antecedentes no penales en diversos empleos, y se hace principalmente en empresas importantes o que manejan muchos recursos.

"Muchas veces depende de lo que vayas a mover o va a hacer el encargado del dinero, de cosas importantes, creo que sí. Por ejemplo, alguien que vaya a trabajar con los valores de una empresa de valores, pero no en todas piden".

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en contra de este documento en 2021, pero se espera que hasta este año se vuelva una realidad.

DISCRIMINATORIO: CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó que solicitar la carta de antecedentes no penales no contribuye a una "reinserción efectiva" para las personas que tienen su historial marcado.

"El derecho a la reinserción social efectiva no concluye cuando la persona sale de la prisión o compurga una pena o cumple la sanción, sino que adquiere un nuevo sentido una vez que está fuera de ella. Por ello, debe asegurarse que posteriormente pueda ejercer plenamente sus derechos, ejerza su libertad, su realización personal y la de su familia con un enfoque de prevención social".

Insiste que se deben cancelar de oficio los antecedentes penales de todas las personas independientemente de la gravedad de delito por el que se le condenó, y se debe cancelar la potestad de terceros para conocer o solicitar los antecedentes penales.

"Es relevante sensibilizar a la sociedad con información difundida por instancias defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, sobre la importancia de la reinserción social efectiva para todas las personas con el fin de acceder a una nueva oportunidad de vida en libertad".

SUS EXCEPCIONES

• La reforma a la LFT establece sus excepciones en los espacios donde sí se debe solicitar la carta de antecedentes no penales, al existir instituciones en las que no puede ingresar cualquier persona.
• Se solicitará en los siguientes supuestos:
• Cuando autoridades administrativas y judiciales competentes así lo indiquen para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial.
• Para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previsto.
• Para desempeñar un empleo en instituciones de seguridad pública o privada.
• Cuando lo solicite una embajada o consulado extranjero en México, o a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.

Aprueban reforma a Ley del Trabajo

Agencia Reforma

Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para que los patrones se abstengan de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

Con 69 votos a favor, las y los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.

El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.

Al presentar el dictamen -turnado a la Cámara de Diputados-, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, explicó que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito.

Quienes salen de la prisión, dijo, no sólo se encuentran tras el escrutinio público, sino que también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, consideró que para la iniciativa privada el no pedir la carta de antecedentes penales está bien, pero no en la Administración Pública. Dijo que en el caso de Aguascalientes hay funcionarios corruptos, "Por lo que me parece un error en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el no pedir la carta de antecedentes penales".

Los senadores aprobaron también un dictamen para que los campesinos accedan al seguro social y uno para que modifica diversas leyes, con el propósito de establecer un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos, con el objetivo de dar continuidad a la política en el trabajo legislativo que se ha implementado en materia de lenguaje de género.