Renuncian aspirantes a jueces y magistrados

El proceso electoral judicial prohíbe el financiamiento público o privado.

A dos semanas de haber iniciado las campañas para renovar el Poder Judicial estatal, 28 aspirantes a jueces y magistrados han declinado sus candidaturas, informó el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre.

El proceso electoral judicial en Tamaulipas ha avanzado con un modelo atípico, marcado por la austeridad y la falta de financiamiento, tanto público como privado, y el desencanto de la población que desconoce que se está en medio de un proceso electoral inédito.

En total son 28. Se trata de 24 de carácter total, es decir, personas que se separan por completo del proceso electoral y cuatro que corresponden a declinaciones parciales". Juan José Ramos Charre Consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas 

Entre los más recientes casos está el de una persona que renunció a la candidatura para juez del ramo Civil en el segundo distrito judicial del estado, zona sur, y otro que buscaba un cargo en la Quinta Región Judicial, en el área de Oralidad Penal.

De las 24 declinaciones totales, siete corresponden a personas que decidieron contender por un cargo de elección federal, dejando vacante su participación en el proceso local. 

Las renuncias se consideran definitivas y, en muchos casos, ya no pueden reflejarse en las boletas electorales, cuya impresión ya está en marcha.

"Las últimas dos declinaciones se generan en un momento en donde es técnicamente imposible y jurídicamente imposible modificar las boletas", explicó el presidente del Ietam.

El presidente del órgano electoral explicó que este modelo de campaña para estos cargos judiciales difiere por completo del que se aplica a partidos políticos y candidaturas independientes, ya que no hay espectaculares, gorras, camisetas ni propaganda tradicional.

"Evidentemente, no puede haber, como en otros procesos electorales, ni espectaculares ni bardas pintadas ni tampoco ningún tipo de utilitarios o souvenirs que luego las campañas ofrecen al electorado", dijo Ramos Charre.

La normatividad vigente prohíbe explícitamente el uso de recursos públicos y también restringe el financiamiento privado, lo que ha obligado a los candidatos a optar por esquemas alternativos, como la difusión en redes sociales o el contacto directo en plazas públicas y tianguis, mermando el alcance como en los procesos político-electorales.