Se incrementan denuncias por despojo de inmuebles

Después de la pandemia de Covid-19 se incrementaron las denuncias por despojo de predios.

En los últimos diez años, Tamaulipas ha registrado un total  cinco mil 427 denuncias por el delito de despojo, cifra que refleja una problemática persistente en el estado y que se agudizó tras el periodo de confinamiento por la pandemia del Covid-19, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La estadística muestra una tendencia al alza en los años posteriores a la emergencia sanitaria, ya que durante el 2020 se registraron 485 denuncias; la cifra aumentó a 589 en 2021, alcanzando 530 en 2023 y manteniendo niveles altos en 2024, con 480 casos. 

Durante el primer trimestre del 2025 ya se contabilizan 101 denuncias entre enero y marzo.

Este problema salió a relucir luego que se exhibiera, el pasado 1 de abril en redes sociales y medios de comunicación, el caso de una mujer de la tercera edad identificada como Carlota "N" y sus hijos, que atacaron a balazos a unos presuntos invasores de su vivienda, ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México, dejando como saldo dos personas muertas.

En el caso de Tamaulipas, el delito de despojo está tipificado en el Capítulo VII del Código Penal del Estado, específicamente en los artículos 427 al 432, los cuales refieren que este delito se comete cuando una persona, por cualquier medio ilícito, ocupa un inmueble ajeno, ejerce actos de dominio sobre bienes que no le pertenecen o despoja a otros del uso del agua, ya sea de jurisdicción estatal o nacional.

La sanción para este delito contempla de dos a cinco años de prisión y una multa que va de diez a setenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS), es decir, 7 mil 919 pesos. 

Además, si el acto se comete con violencia, amenaza o se realiza en grupo, la pena puede aumentar hasta en cuatro años más, para llegar a los nueve años de prisión.

El artículo 432 también establece que si los ocupantes restituyen voluntariamente el inmueble antes de que el Ministerio Público ejerza acción penal y no han cometido otro delito, no se les impondrá sanción alguna.

Aunque la ley prevé mecanismos para la restitución pacífica y voluntaria, la creciente cifra de denuncias evidencia que muchas ocupaciones no se resuelven por la vía legal ni sin confrontaciones.

El incremento del delito postpandemia se da también en un escenario donde el costo de las viviendas han alcanzado valores que una familia promedio no puede costear por medio del salario mínimo.

En los últimos años la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) ha presentado 26 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por delitos que corresponden a la venta irregular de lotes en los municipios de Victoria y Llera.

El Estado ha alertado a las personas que se aprovechan de la necesidad de la ciudadanía y que por medio de argumentos falsos y el uso de herramientas legales ambiguas comercializan terrenos sin ningún sustento legal.