Presidente mexicano descarta ceder por paro de gaseros

CIUDAD DE MÉXICO  — Al rechazar la decisión que tomaron la víspera algunos distribuidores privados de gas LP de paralizar sus actividades en protesta por los precios máximos que fijó el gobierno, López Obrador los acusó de querer “apostar a que van a doblegar al Estado” y sostuvo que estaba dispuesto a “resistir de estas presiones porque sino vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal”.

Durante su conferencia matutina López Obrador dijo que miembros de su gabinete estaban reunidos para definir cómo enfrentar la “situación de emergencia” generada por la huelga y se comprometió a garantizar el suministro del gas LP en Ciudad de México y la localidad central de Pachuca, estado de Hidalgo, aunque no precisó cómo.

Asimismo, adelantó que analiza la posibilidad de presentar denuncias penales contra “quienes se nieguen a cumplir con la obligación de prestar el servicio”, que consideró un “insumo fundamental” para la población. El gas LP se consume en siete de cada diez hogares mexicanos.

López Obrador dijo que el gobierno hablará con los distribuidores y comisionistas para ofrecerles “garantías de seguridad” ante las acciones de vandalismo que aseguró que han sufrido las unidades de algunos repartidores y que se enviará la Guardia Nacional para prestar protección a los repartidores que decidan salir a trabajar.

Los primeros impactos de la huelga comenzaron a sentirse en la capital mexicana, donde algunos habitantes indicaron que ya no se consigue cilindros de gas LP.

“Solo tengo gas para dos días. Si no encuentro tendré que cerrar”, afirmó Alejandro López, un administrador de una pequeña fábrica de tortillas del centro capitalino, quien relató que desde la víspera ha tratado de conseguir cilindros para su comercio pero sus distribuidores le indicaron que no pueden salir porque los amedrentan que los van agredir.

“Lo que están haciendo es especulando”, dijo López, de 44 años, al defender el control de precios impuesto por el gobierno, y agregó que los distribuidores y comisionistas deberían sentarse a negociar con las autoridades en vez de “darnos en la torre a nosotros”.

José Martínez, un vendedor callejero de tacos de 35 años, también indicó que desde el martes no consigue cilindros de gas para su pequeño comercio, y señaló que de no llegarse a un acuerdo pronto tendrá que cerrar. “Esto nos afecta a todos porque todos usamos gas, las amas de casa, los vendedores. Lo que hizo el gobierno está bien. El gasero elevó mucho el gas”, acotó Martínez.

El conflicto se desató a inicios de semana tras la entrada en vigencia de un esquema de regulación de precios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que estableció que “ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de los 145 precios diferentes que establezca semanalmente”. La medida generó la protesta del denominado “Gremio Gasero Nacional” que llamó a un paro en la capital mexicana y el Estado de México a partir del 3 de agosto alegando que “ya que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias".

Las asociaciones de empresas distribuidoras de gas se deslindaron de la protesta y denunciaron en un comunicado que un grupo de comisionistas "nos han cerrado varias plantas de distribución y no dejan que operen autotanques, camiones de reparto de cilindros ni estaciones de carburación”, y que algunos huelguistas habían destruido vehículos y golpeado a empleados para no permitir a ninguna empresa comercializar gas.

La Comisión Federal de Competencia Económica de México criticó el plan de López Obrador de imponer un precio máximo al gas de uso doméstico y alertó que la “regulación de precios podría tener consecuencias contrarias a lo que pretende la directriz, como el desabasto o escasez”.

México importa 86% del gas LP que se consume en el país y los precios internacionales han subido por efecto de la reactivación económica y el aumento de la demanda, lo que supone un aumento en los costos para los mexicanos. López Obrador invocó poderes de emergencia para decretar un precio máximo durante seis meses.

El coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo, afirmó que la distribución de gas debería estar más regulada debido a que “no opera bajo las mejores prácticas” y hay una fuerte concentración del mercado en cinco empresas. Ocampo dijo a la AP que en este caso el gobierno no siguió los pasos previstos en la ley, que obliga a una evaluación previa de la Comisión Federal de Competencia Económica antes de establecer cualquier regulación de precios, y adelantó que es muy posible que las empresas afectadas por el control de precios intenten acciones legales contra la medida y las ganen.

Los expertos señalaron que la propuesta de limitar los precios se remonta a décadas pasadas, cuando la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) importaba gas LP y lo vendía a precios fijos a los distribuidores. Ahora las compañías privadas importan 70% del gas que se consume en el país y no lo harán si pierden dinero al hacerlo.

De acuerdo con los cálculos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, la inflación anual alcanzó en junio el 5,88%, impulsada por la aceleración en los precios de algunos frutos y de los energéticos como el gas licuado.

López Obrador anunció en julio que crearía la empresa estatal de distribución de gas LP Gas Bienestar y que fijaría un “precio máximo” del producto para estimular la competencia en el sector y contener el alza en los precios.