Piden penas severas para servidores públicos
Marzo 06, 2022 -
Se aplicaría cárcel de 50 a 60 años
Ciudad de México
Para sancionar con una pena de 50 a 60 años de prisión al servidor público que sea partícipe del delito de homicidio contra alguna persona defensora de derechos humanos o periodistas, por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, la diputada priista Carolina Dávila Ramírez presentó una iniciativa.
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La propuesta reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Adiciona una fracción III al artículo 219 del Código Penal Federal, para precisar que comete el delito de intimidación, el servidor público que por sí o por interpósita persona, inhiba, intimide, hostigue, amenace o dañe la integridad física o psicológica por el ejercicio de su actividad contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Cuando las acciones señaladas causen directamente la muerte a un periodista o persona defensora de los derechos humanos, además de las penas establecidas (de dos años a nueve años de prisión y de treinta a cien días multa), se impondrán las sanciones previstas en el artículo 307 Bis del Código.
La propuesta establece en el artículo 307 Bis que “si el homicidio se comete contra un periodista o persona defensora de los derechos humanos por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, se impondrá una pena de 50 a 60 años de prisión”.
ADICIONARÁN ARTÍCULO 64
Respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, plantea adicionar el artículo 64 Quáter para señalar que incurrirá en daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el servidor público que en el marco de su actuación realice acciones u omisiones que desprestigien, obstaculicen y coarten las labores de defensa de los derechos humanos y periodistas.
La reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prevé crear el Registro Nacional de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual será de carácter público.