Una raya más al tigre

Como si a este país le hicieran falta problemas y descrédito, el titular interino de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, tuvo la puntada de cesar en sus funciones al fiscal especial para Delitos Electoral, Santiago Nieto Castillo, "por faltar al código de conducta de la dependencia", circunstancia que no se configura y viene a resultar muy sospechosa, por cuanto se da luego de hablar de Emilio Lozoya.

Argumenta Elías que: "La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto", así que decidió el cese del único funcionario que funciona.

Sólo que no hay por donde pueda verse alguna falta en la legalidad y ética institucional en la declaración a medios que hizo el fiscal electoral, cuando señaló haber recibido una carta de Emilio Lozoya, a quien se vincula con los sobornos que dio la empresa brasileña Odebrecht, en que pide ser exculpado públicamente de toda responsabilidad y presenta como argumentos que abonan en su inocencia una serie de datos raros.

Lo dicho por Nieto al periódico Reforma, es que: "Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte. Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ´soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar´. Esto es lo que me parecía particularmente grave". Es una simple exposición de hechos.

Exposición de hechos que molestó a los poderes reales, que ordenaron al procurador el cese fulminante, atendiendo parcialmente lo que señala la Constitución. De hecho, Santiago Nieto Castillo ha venido a resultar un fiscal incómodo porque ha logrado las órdenes de aprehensión en contra de gobernadores pillos que destinaron parte de sus botines a campañas electorales, siguiendo el esquema de colusión en asuntos políticos.

Quizá no es lo mismo actuar en contra de gobernadores pillos y cínicos que contra uno de los mejores amigos del jefe y autor de la quiebra y privatización de la industria del petróleo, que llegó a ser la décima empresa de bitúmenes en el mundo. Es posible que, en su intención de hacer justicia y de limpiar algo del cochambre que se ha incrustado en las instancias del poder público, Nieto se haya topado con pared y resultó chispado.

Sólo que los modos y las modas que esgrime el procurador interino no cuadran. Recibir una carta y decir que se recibió, puntualizando sobre su contenido, no viola ninguna norma procesal, que de hecho, no existe porque hay una absoluta y total resistencia a iniciar una exhaustiva investigación del caso que ya tiene en la cárcel a gobernantes y funcionarios de otros países. A Emilio Lozoya, ni con el pensamiento.

Cabe señalar que el segundo párrafo del apartado VI del articulo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: "La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la Republica (que no existe aún). El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción". Con ello, la pelota va a la cancha de la Cámara Alta; a ver cómo responde.

También vale recordar que el diario brasileño O´Globo publicó el año pasado que: "Los primeros pagos de propina se producirían en el comienzo y el 2012, cuando el entonces candidato Peña Nieto lideraba las encuestas, el PRI se acercaba a una probable victoria y Lozoya era cotizado para asumir un cargo de relevancia en el futuro gobierno. Según Weyll, el primer pago para Lozoya, 4 millones de dólares, fue una manera de señalar que, si el PRI vencía la elección, la asociación corrupta podría rendirle aún más".

Siguiendo la dinámica de la actuación del procurador interino, ¿cesarán también al director del diario carioca?, en lo que viene siendo una raya más en el tigre de la corrupción que devora las entrañas del Anáhuac.