Soberanía energética

Enfrentar la crisis que dejaron quienes fueron responsables de la llamada reforma energética y detener el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron dos de los 100 compromisos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con el pueblo de México, y parte de la plataforma que impulsó el histórico triunfo electoral en 2018. Con este propósito inició la rehabilitación de 60 plantas hidroeléctricas y el Plan de Fortalecimiento al Sector Eléctrico, cuyos objetivos son promover una real competencia, producir más energía y evitar los privilegios de empresas privadas sobre los intereses de la nación.

Asimismo, el Ejecutivo federal ha planteado 17 acciones y cambios por emprender tanto en la CFE como en Petróleos Mexicanos, entre los que destacan el reconocimiento de los contratos suscritos por gobiernos anteriores —siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de la nación—; la supresión de subsidios de cualquier índole a empresas particulares del sector energético, y evitar que la Comisión pierda participación en el mercado nacional o se debilite financieramente, algo cotidiano en el sector energético en el pasado reciente.  

Sin ignorar las actuales realidades, la nueva política energética pretende retomar los principios rectores que defendieron los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron las industrias petrolera y eléctrica.

La reforma energética aprobada en 2013 estuvo precedida de inconformidad y movilización social, y teñida por supuestos sobornos millonarios otorgados a legisladores de la derecha, quienes sacaron provecho e impulsaron lucrativos negocios que aún ahora se encuentran bajo investigación ministerial. La CFE quedó endeudada y se vio obligada a otorgar subsidios a productores privados, lo que ahora pretende revisar la iniciativa preferente. 

El proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica busca, por un lado, corregir las fallas dentro del sector energético a través del ordenamiento de permisos y concesiones, y por otro, asegurar que el desarrollo de las energías limpias se dé bajo las condiciones necesarias de legalidad. Para ello, la iniciativa contempla mecanismos que permitan revocar los permisos que fueron obtenidos de manera irregular. Además, de manera paralela, busca fortalecer a las empresas públicas del Estado, con la finalidad de aumentar su competitividad. 

También, con el objetivo de rescatar a la CFE del letargo al que fue relegada, se establece un orden específico para el despacho de la alimentación del sistema eléctrico nacional: primeramente, la energía producida por hidroeléctricas, seguida de la generación de otras plantas de la Comisión; en tercer lugar, la energía eólica o solar de particulares y, por último, los ciclos combinados de empresas privadas. 

Es un tema delicado, cuyo debate es necesario, por lo que no debemos cerrarnos a su discusión. No se debe olvidar ni minimizar que en este proceso se encuentra el interés legítimo de quienes han hecho aportaciones e inversiones en infraestructura para producir energía, y que al hacerlo observaron la normatividad aplicable que requiere y amerita que la seguridad jurídica y el Estado de derecho no se ausenten, para evitar desconfianza en el mundo de las inversiones. 

El objetivo no es imponer un nuevo modelo, sino lograr consenso hacia cambios profundos que permitan aumentar la productividad de la CFE, eliminar la corrupción en el abastecimiento de electricidad, cumplir el compromiso de reducir la tarifa del servicio eléctrico y acabar con los subsidios a empresas privadas con cargo a la hacienda pública, con el mismo sentido de unidad que caracterizó aquellos momentos en que la industria petrolera y la eléctrica se volvieron parte fundamental de la defensa de la soberanía nacional.