¿Qué pasará si se quedan?

La caravana de migrantes hondureños con destino hacia Estados Unidos es un movimiento social que proyecta la realidad del país de origen y la respuesta de los países tránsito.

Esto ha despertado un debate popular en México que está basado en la crítica a la doble moral por condenar el discurso xenofóbico y racista de Donald Trump dirigido a los migrantes (específicamente a los mexicanos) y ahora rechazar o ver como una amenaza a los caminantes centroamericanos. Pese a esto, el discurso sobre la situación es mucho más complejo.

En el caso de México, el país enfrenta la disyuntiva entre la protección que debe brindar a los derechos sociales, económicos y culturales de los migrantes, sus numerosos compromisos y acuerdos con la ACNUR y la ONU en el tema de migración, y por otro lado las medidas que debe tomar partiendo de la soberanía de Estado y los temas de seguridad nacional.

Sobre el primer aspecto se plantea la ausencia e ineficiencia de las autoridades mexicanas para corresponder a ello, pues además de los testimonios de los migrantes donde han expuesto los abusos y malos tratos de estas, su vulnerabilidad aumenta con los índices de criminalidad en el país.  

Son víctimas de asaltos, violaciones, secuestros, homicidios, así como también de trabajo forzado por parte del crimen organizado y bandas delictivas, situación que no ha podido ser controlada por las autoridades y que incluso, en algunos casos han estado coludidas.

Lamentablemente resultan utópicas la íntegra seguridad y la garantía total de los derechos de lo migrantes en su paso por México, cuando no se la he podido otorgar a sus propios ciudadanos. Esto es resultado de fallas estructurales, consecuentemente la falta de un Estado de derecho y de oportunidades, que lo convierten también en un país expulsor de migrantes, que lejos de ver intentos por dejar de serlo, ha sumado esfuerzos con los Estados Unidos por detener el flujo migratorio de Centroamérica con las acciones disfrazadas del Plan Mérida y Plan Frontera Sur que teóricamente tienen como objetivo abatir el narcotráfico pero que en la práctica se tradujeron con el reforzamiento de los puntos fronterizos en el sur de México para aminorar los cruces irregulares hacia Estados Unidos.

Además de estas estrategias en conjunto, en el 2014 la indiferencia de México ante el momento más grave de la crisis migratoria de Siria (cuando por años fue un país receptor de refugiados), hace pensar que se trataba más de una correspondencia a los intereses de Estados Unidos evitando la posibilidad de que México fuera una antesala para ellos.

Lo que destruye las esperanzas de que el gobierno mexicano vaya a facilitar la pronta llegada de la caravana a los Estados Unidos, esto muy distante de la provisión de las primeras necesidades y la colaboración de la sociedad civil y las asociaciones.

No obstante, de este negro panorama y la difícil prueba que parece ser México para los migrantes centroamericanos, la ACNUR en 2016 reportó que el 90% de las personas que solicitaron asilo en México provenían del TNCA, y que para finales de ese mismo año se contabilizaron 164,000 centroamericanos con la misma solicitud, sin contar que por año se estima un cruce irregular de 400,000 personas por la frontera sur de México, sobre lo cual no hay cifras exactas de su destino.

Así que además de las implicaciones políticas con Estados Unidos, la tensión que existe por la observación y crítica de la comunidad internacional en materia de los derechos y las garantías de los migrantes, el Estado Mexicano tiene que afrontar que probablemente no sea sólo un país de acogida temporal sino permanente.

Estas dificultades se acentuarán aún más en las fronteras, como es el caso de Reynosa, pues el 60% de los migrantes con destino a Estados Unidos toman la ruta de Tamaulipas. La experiencia de esta ciudad albergando migrantes no es reciente, pero tampoco se ha enfrentado a una contingencia como la que está por venir. Surgen cuestionamientos sobre como responderán las autoridades cuando hay un sinfín de prioridades desatendidas por falta de presupuesto, y claro de voluntad.

¿Qué pasará el tiempo que estén aquí?, ¿Qué pasará si se quedan?, ¿Qué podrá otorgarles una ciudad que no ha podido recuperarse económicamente de los estragos causados por la violencia e inseguridad cuando salgan de los albergues?, ¿Cómo serán sus condiciones de vida, tomando en cuenta que la salud, la educación y la vivienda como servicios públicos no satisfacen la demanda de la ciudad?, ¿Qué problemáticas surgirían con asentamientos irregulares sin servicios básicos?, ¿Qué giro tomará la situación con el crimen organizado cuando está documentado que los cárteles lucran con los migrantes ya sea como reclutamiento, trabajo forzado, trata o secuestro?.

Si, es un derecho migrar, no debe ser criminalizado ni el acto ni los individuos, pero se debe estar consciente que permitir el tránsito y asistirles en su trayecto no es la solución ni la parte más difícil, el reto viene después cuando se busca la respuesta a las interrogantes planteadas.