La medrosa lucha de opositores y AMLO contra la corrupción

La carta de presentación con la que Andrés Manuel López Obrador se abrió posibilidades para el triunfo en la tercera elección a la Presidencia de la República en la que participó, fue sin duda su discurso anticorrupción y la legitimidad que cobraba frente a sus contrincantes políticos que nunca, durante las contiendas, pudieron acusarlo de algún acto de corrupción. La narrativa fue transformándose conforme se acercaba la elección, al grado de que su compromiso en la lucha contra la corrupción que el país requería se redujo a advertir que él no iniciaría la persecución contra ningún corrupto, sino que sólo daría cauce a las denuncias que ya estaban en marcha.

Durante estos dos años la lucha anticorrupción de la llamada cuarta transformación ha sido vaga, sin estrategia, diferenciada y con una clara tendencia política que desafortunadamente debilita la causa a la vez que abona a la banalización de los actos de corrupción. Si no miramos los nombres ni las filias políticas de algunos de los implicados en casos de corrupción, podemos meter en un mismo costal a quienes aparecen en videos recibiendo cientos de miles de pesos en billetizas a manos de funcionarios públicos o de personas vinculadas a diferentes gobiernos. Otro costal de patrones de corrupción más sofisticado es la colaboración en fraudes mediante la utilización de empresas fantasmas con las que se firman contratos millonarios y en las que también hay involucrados de todos los partidos, del pasado y del presente. La omisión de funcionarios y exfuncionarios públicos en sus declaraciones patrimoniales también agrupa a implicados con diferentes colores partidistas.

Si nos quedamos con una aproximación simplificada de estos tres mecanismos de uso ilícito de recursos públicos, esperaríamos que los procesos de procuración de justicia y de aplicación de acciones punitivas fueran, sino idénticas, al menos similares. Esperaríamos también que el abordaje en la comunicación desde el poder ejecutivo se emitiera con base en pruebas y sin tendencias partidistas, pero eso, claro, es demasiado esperar en un contexto en el que la agenda del país se reduce a la confrontación permanente y a la construcción narrativa de adversarios. Ante la falta de resultados, la identidad del gobierno se ensambla con pedazos de acusaciones contra sus opositores.

No hay un auténtico interés por combatir la corrupción. Se ha abusado tanto del término y se han manoseado tanto los procesos como las acusaciones frente a un micrófono, que al fin de cuentas lo que tenemos en dos años y medio son presos políticos sin procesos concluidos, protección a aliados que pagan penas desde la comodidad de sus hogares y minimización de hechos similares cuando son cometidos por corruptos o corruptas afines al régimen. Los avisos mañaneros que alertan con anticipación las persecuciones en curso han facilitado la huida a varios, de tal modo que hasta parece que el pitazo fue acordado.

Llama la atención también el juego en el que se ven atrapados los partidos de oposición que, con evidencias en mano, optan también por minimizar los actos de corrupción cometidos por algunos de sus militantes para argumentar que cualquier acusación es un acto político sin fundamento jurídico. Incluso cuando en algunos casos ellos mismos han presentado denuncias y lanzado acusaciones públicas contra los implicados. Pero ese es el saldo de esta batalla de lodo, los señalamientos en estas condiciones tienden irremediablemente a mermar cualquier mecanismo de rendición de cuentas, y no se diga cómo se laceran los procesos de investigación y penalización contra los responsables.  Lo que pensamos que sería un sexenio de lucha anticorrupción profunda, justa y ejemplar, hasta ahora no es más que un muladar de impunidad garantizada. 

Twitter: @MaiteAzuela