El México mágico

Más allá de los extraordinarios logros de la literatura del realismo mágico, de la cual el Anáhuac formó parte importante, la realidad ha superado con mucho la fantasía en el acontecer cotidiano. Cada día de Dios emerge una nueva pillería de la delincuencia organizada dentro de la administración pública, y cada tarde se encuentra la argucia perfecta para que en la noche puedan poner su cabeza en la almohada sin problemas.

Ayer, nuevamente, circularon por las redes sociales declaraciones de funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht que declararon haber entregado a Emilio Lozoya una buena suma de dinero para la campaña presidencia, a cambio de trato preferencial en las decisiones que habrían de tomarse dentro de la entonces aún paraestatal Pemex. Las declaraciones no dejan lugar a dudas y son muy puntuales en cuando al soborno.

Tan contundentes son las evidencias presentadas, que la doctora Jacqueline Peschard, titular del Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, manifestó que durante el foro Política y Dinero Democracia vs Corrupción, organizado por el Instituto Nacional Electoral, que: "la Auditoría Superior de la Federación detectó que Pemex realizó en 2016 presuntos pagos irregulares por más de 950 millones de pesos para la empresa brasileña con el fin de realizar obras en la refinería Miguel Hidalgo, Tula". Obras que, bien se sabe no pasaron de la erección de una barda.

La Dra. Peschard y el resto de los integrantes del Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, han denunciado puntualmente que en el caso no han podido tener más información, ya que el expediente en contra de Emilio Lozoya se maneja como confidencial y de reserva por motivos de seguridad pública. Lo curioso es que el propio indiciado sí tuvo acceso al expediente y ahí pudo percatarse de que no existe ninguna prueba contundente en su contra. Lo que pudo declarar en tal sentido.

Dentro fuera del país, han señalado que los esfuerzos del combate a la corrupción en México con el nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país. No hay forma de conocer los pormenores de las investigaciones, ni de saber qué paso están dando las instancias de procuración y administración de justicia.

En los años más recientes, los escándalos de corrupción han llegado a todos los niveles sin que se hayan podido fincar responsabilidades. Quizá lo más grave es que, a meses de que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción no se haya nombrado al titular de la Fiscalía y que, aunque ayer se votó en el Senado por rechazar el pase automático de la Procuraduría General de la República, a la nueva Fiscalía, hay muchos cabos sueltos.

Por ejemplo, el nombramiento está atorado en el Congreso, donde recientemente se detuvo el nombramiento de Raúl Cervantes para la futura Fiscalía General de la República por considerar que era demasiado cercano a Peña Nieto. Cervantes debió renunciar cuando se descubrieron actos de corrupción en la posesión de automóviles registrados de manera irregular. Ahí terminó el empeño de imponerlo; pero, hay mas.

Hay más porque se logró que el nombramiento del muevo fiscal sea cerrado esto es, que los votantes evadan la responsabilidad en la elección de este nuevo fiscal que tendrá a su cargo tareas importantísimas en el combate a la corrupción en un país donde esta crece y se desarrolla con mucho vigor: OHL, Odebrecht, Pegasus, socavón de Paso Exprés y un cúmulo de casos que se han descubierto y que permanecen en la más absoluta impunidad por la colusión de las autoridades, que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción nomás para tapar el ojo al macho, sin ninguna intención de sacar al país y del pozo profundo de la perversión, en otra de esas puestas en escena del México mágico.