¿Ya van a dejar en paz a los padres de Ayotzinapa?
Llegué a reportear a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa unos días después de aquella infausta noche del 26 de septiembre de 2014 (y de la espantosa madrugada del 27), cuando 43 estudiantes fueron interceptados por policías municipales de Iguala, y en complicidad con agentes policiales de Cocula y Huitzuco, entregaron los jóvenes a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los dividieron en grupos, los asesinaron, y quemaron sus cuerpos.
Los desaparecieron.
¿Por qué? De acuerdo a lo que pude indagar durante meses, la desgracia se consumó por varios factores:
1.- La mañana de aquel viernes 26 de septiembre un comando de un grupo rival, Los Rojos, penetró a Iguala procedente de Chilpancingo y atacó la casa de unos hermanos, ambos miembros de Guerreros Unidos, justo donde tenían en un car wash. Aparentemente la intención era acribillar a uno o ambos, pero los sicarios invasores fracasaron.
Por la noche, halcones de Guerreros Unidos alertaron a los jefes de plaza de una supuesta segunda incursión de sicarios de Los Rojos, que viajarían en autobuses, mezclados con "Ayotzinapos", como les decían despectivamente a los jóvenes estudiantes.
Nerviosos y paranoicos (así son), los narcos no confirmaron la versión, y siendo viernes de chelas, buchonadas y drogas, reaccionaron de forma desmedida coordinada contra cualquier autobús que les pareciera sospechoso, y por eso agredieron equivocadamente al vehículo del equipo juvenil Los Avispones de Chilpancingo y mataron a dos personas adicionales a los 43. ¿Cómo hicieron todo eso? Con sus empleados, los policías municipales, sus delincuentes con placas: ya sabe usted, la ley narca, plata o plomo.
2.- Simultáneamente, otro sujeto que aparentemente padecía paranoia, que ya había sido imputado por presuntos vínculos con grupos criminales (y como presunto asesino de al menos un activista social), el alcalde del PRD, José Luis Abarca, fue mal informado por su jefe policial, Felipe Flores, de que los estudiantes se dirigían rumbo a un acto de su mujer, María de los Ángeles Pineda, quien esa tarde-noche rendía un informe como presidenta del DIF y había armado un bailongo, el cual los chavales supuestamente intentarían sabotear. La orden fue interceptar sus autobuses, porque ya se habían producido incidentes previos entres estudiantes y gente del alcalde.
3.- El Ejército sí sabía todo (absolutamente todo) lo que ocurría aquella noche y madrugada, pero... no intervino. Como lo he publicado aquí y lo vuelvo a recrear, lo sé porque tuve la oportunidad de reportearlo, documentarlo, y el 26 de enero de 2015, cuatro meses después de la tragedia, publiqué las bitácoras militares de aquella infame noche, enriquecidas con testimonios de soldados y civiles que habían estado en los lugares de los hechos.
¿El Ejército pudo haber intervenido? Sí, pero había un pequeño problema legal para eso: si los soldados intervenían en aquellos hechos, en las detenciones y balaceras contra jóvenes a manos de policías, tenían que haberlo hecho del lado... de la autoridad legal y constitucionalmente establecida. Es decir, los soldados tenían que haber apoyado a plomazos a los policías contra los estudiantes y acaso trepar a sus camiones militares a los detenidos. Y ahí sí, vaya lío del que estaríamos hablando hoy.
Lo cierto es que, digan lo que digan activistas (tuitear o boletinear no cuenta como pruebas en un expediente), hasta ahora no hay una sola evidencia que haya sido exhibida en el sentido de que las Fuerzas Armadas participaron en la agresión, detención, ejecución y desaparición de los normalistas. Ni una.
Reconfirmada la esencia de esto en el informe de Alejandro Encinas, ¿ya van a dejar en paz a los padres de los normalistas con su inconmensurable dolor, o de forma infame van a seguir lucrando todos con su tragedia?
Ya párenle, políticos, funcionarios y activistas, tengan piedad.
