¿Y la Alianza Federalista?

Durante más de tres años y hasta el inicio del proceso de desafuero del exgobernador García Cabeza de Vaca en mayo del 2021, la Alianza Federalista fue un grupo conformado por mandatarios estatales que no coincidían con la forma de gobierno del presidente de la República.

Esta asociación se conformó por 10 mandatarios, la mayoría de estos del PAN, que en su discurso político buscaban desacreditar las acciones del gobierno federal, con mayor énfasis en las acciones implementadas en la lucha contra la pandemia del Covid-19.

"Surge la Alianza Federalista como un espacio de encuentro, deliberación, prospectiva, acuerdos y colaboración en la pluralidad y especificad de diez estados preocupados por atender las crecientes necesidades de su poblaciones" indica en su página de internet esta asociación.

Hay varios puntos importantes a destacar en este tipo de asociaciones, las cuales pareciera que buscan más un fruto político que un beneficio real a la población de los 10 estados de la república en el que sus mandatarios participaban.

Tomemos en cuenta que una reunión de un gobernador en un estado de la república implica el viaje no solo de él, sino de secretarios, asistentes y personal, quienes cobran viáticos, sueldos y comisiones de gasto durante los días en los que se realicen estos actos.

Los gastos son de origen público, es decir se usa presupuesto para llevar o traer al personal, recursos para la compra de alimentos, el pago de hoteles, equipo para las conferencias de prensa, la cobertura de video o la renta de un escenario.

Todos estos recursos han sido cuestionados por los ciudadanos a través de la solicitudes de información pública, las cuales se han enviado a las 10 entidades en las que sus mandatarios participaron, sin embargo, las respuestas han sido rechazadas o ambiguas, es decir nunca se ha dado una respuesta clara de la cantidad de recursos que se invirtieron.

En Tamaulipas son seis las solicitudes de información las que los ciudadanos interpusieron ante entidades como la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría Gubernamental, la Secretaria de Finanzas, la Oficina del Gobernador o el Instituto de Transparencias.

Las solicitudes fueron formuladas en el año 2020, justo cuando más promoción se realizaban a estas actividades, debido a que por desconocimiento del funcionamiento de la ley, solo dos tuvieron la calidad legal de ser respondidas, esto por que se dirigieron a la autoridad competente.

En dos solicitudes la dirigida a la General de Gobierno y a la Oficina del Gobernador se puedo responder los datos solicitudes, sin embargo en la primera el comité de transparencia se declaró incompetente y en la segunda la respuesta fue una hoja totalmente en blanco, es decir que nunca se ha sabido la inversión real de estas actividades.

¿Y los resultados? pues los comunicados emitidos por esta asociación que lleva mas de dos años sin recibir una actualización indican la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que en términos prácticos pues no deja ningún beneficio a los ciudadanos.

Fue a partir del inicio del proceso de desafuero cuando poco a poco la Alianza Federalista perdió su relevancia, si es que alguna ves la tuvo, pero el ejercicio de recursos públicos es algo que esta en la totalidad opacidad y los beneficios que estos puedan llevar a la población.

Sería bueno que este tipo de actividades presenten y den soluciones a los problemas mas importantes de la sociedad, que los gastos y los logros sean algo que se pueda constatar para que esto no se vuelva a convertir en solo un espacio de reflectores a cargo del erario público.